Hoy en México es común escuchar que el presidente López Obrador es “responsable”, como lo prueba que su gobierno incurre en un déficit fiscal moderado y que cumple los techos presupuestales. Este argumento se usa para todo, como si fuera suficiente para desechar otras decisiones de su administración que, a juicio de muchos, no han sido “responsables”. Por tanto, el postulado de la disciplina financiera se ubica en el centro de la credibilidad del presidente y su gobierno. En consecuencia, un seguimiento detallado de las finanzas públicas resulta central para toda evaluación del desempeño del gobierno actual.
El problema surge de que el análisis de las finanzas públicas no se realiza con profundidad, por lo que hay dudas acerca de esa “disciplina financiera” y de que en su caso pudiera perdurar. Pueden identificarse varios aspectos de preocupación, algunos estructurales.
Primero, la situación operativa y financiera de Pemex. Acerca de este asunto están atentas las instituciones financieras nacionales e internacionales. La fragilidad de Pemex representa un riesgo mayor para una política financiera responsable en el futuro (en enero-septiembre, Pemex arrojó una pérdida de 20,300 millones de dólares).
Segunda preocupación, la debilidad de las finanzas de los gobiernos estatales y municipales. La precariedad fiscal de esos ámbitos de gobierno ha sido objeto de atención reiterada en este mismo espacio (http://eluni.mx/rdbtp4). Debe notarse que, en 2019, las participaciones a las entidades ascendieron a 878.9 mil de millones de pesos (mdp), y que lo presupuestado en el PEF 2020 son 944.3 mil mdp; un aumento de 65.4 mil mdp (7.4%). Además, la Federación otorga apoyos adicionales a estados y municipios, que son un barril sin fondo. En 2019, los apoyó con 796.5 mil mdp, 11.9% más que en 2018. Para 2020, el PEF incluye 863.6 mil mdp, 67 mdp adicionales (8.4%). Sumadas, participaciones y aportaciones absorberán en 2020, 132.4 mil mdp adicionales (0.5% del PIB).
Tercero, las pensiones son un gran factor de preocupación e incertidumbre. El monto erogado por el gobierno en ese rubro en 2019 ascendió a 876.9 mil mdp, y para 2020 el PEF incluye 965 mil mdp, lo que equivale a 3.7% del PIB. La incertidumbre sobre estas cifras es enorme; basta considerar el debate que se dio la semana pasada acerca de las pensiones del IMSS para la generación de transición, que podrían ubicarse entre 10 y 25 salarios mínimos. El BID estima que para 2030, las pensiones presentarán 5.7% del PIB.
Cuarto, los cuantiosos subejercicios presupuestales que se observaron en 2019 son otro aspecto de preocupación, pues seguramente no perdurarán los próximos años. Hubo asignaciones presupuestales que se quedan muy cortas de las necesidades, lo que muy probablemente se subsanará los próximos años, y presionará el déficit público.
Quinto, el año pasado, la inversión pública (2.3% del PIB) fue la más baja de los últimos 13 años. Ese monto es claramente insuficiente, lo que representa otra fuerte presión sobre el presupuesto total y sobre el déficit.
Sexto, México es uno de los países que menos recauda por impuesto predial. Esto redunda en que los municipios tengan una situación financiera precaria, pues en México se recauda sólo 0.3% del PIB, en comparación con 1.9% del PIB en el promedio de la OCDE. Esa precariedad continuará agravándose en la medida que los gobiernos municipales tendrán que enfrentar demandas crecientes de servicios públicos y de seguridad.
Séptimo, la prioridad que tiene para la sociedad y para el gobierno el reducir la inseguridad de sus ciudadanos y la violencia obliga a prever que aumentarán los recursos para ese propósito.
En conjunto, a pesar de lo que dicen las carátulas oficiales, hay subestimaciones del déficit financiero (o presiones de gasto) equivalentes a varios puntos del PIB, asunto por demás riesgoso pues la credibilidad del presidente y del país dependen de ese indicador.
Presidente de GEA Grupo de Economistas
y Asociados / StructurA
