Los resultados de la última elección representan para México un avance en su democracia, asunto tratado en este mismo espacio (“Inicio de la transición hacia 2024” El Universal, junio 10). Sin embargo, con la elección también afloró el aspecto más siniestro para el futuro democrático y de convivencia pacífica en México: la penetración y extensión del crimen organizado en el control de la vida pública y cotidiana de los mexicanos.
Dichas organizaciones recurrieron a diversas prácticas, desde asesinatos hasta la incrustación de sus candidatos a puestos públicos. Hasta ahora se han registrado 1,066 agresiones con 954 víctimas. De éstos, 693 eran aspirantes y candidatos, 159 dirigentes y militantes de partidos, y 102 representantes y autoridades electas en funciones (Etellekt). Si bien el análisis de la violencia política en esta elección apenas inicia, la gravedad del fenómeno exige algunos señalamientos.
Primero, dadas las profundas diferencias entre la elección intermedia previa (2015) y la de junio pasado (20,415 cargos en disputa, incluyendo 15 gubernaturas, 30 legislaturas estatales y 1,923 gobiernos municipales) no es razonable compararlas. Por eso, cabe iniciar la reflexión a partir de esta elección en sí misma, y de la acelerada penetración del crimen organizado en el país. El escenario es tétrico.
Segundo, la creciente presencia e intromisión del crimen en asuntos públicos durante 2015-2021. Por ejemplo, a la pregunta si la delincuencia organizada influyó en la elección de algún candidato, partido o existió algún tipo de financiamiento, 42% de la ciudadanía expresó que sí, en comparación con 28% hace tres años (https://cutt.ly/wn7em1i).
El general Glen VanHerk, jefe del comando norte de EUA señaló que 30-35% del territorio mexicano estaba controlado por el crimen organizado. La indignación y el rechazo no se hicieron esperar, aunque hasta ahora no ha habido una réplica fundada del gobierno. Las autoridades de EUA han hecho otros señalamientos preocupantes sobre la seguridad en México hoy.
Es relevante señalar que, de las víctimas, 534 fueron aspirantes a cargos municipales (2.8% del total de cargos en disputa), 106 a estatales (9.8%), y 53 a federales (10.6%). ¿Por qué la incidencia a nivel municipal (2.8) equivale a menos de una tercera parte de la correspondiente a la estatal y a la federal? Una hipótesis es que ahí la penetración de las organizaciones criminales por la vía pacífica, al posicionar candidatos, es tan amplia y efectiva que prefieren esa vía en vez de recurrir a la violencia.
Ese avieso proceso, evidente en la última elección, destruye el entorno de paz para convertirlo en otro de violencia desatada. En un resumen preliminar de candidatos señalados por vínculos con el crimen organizado (narco) destacan candidatos de Morena en Michoacán (Huetamo, Aguililla, la gubernatura, y el diputado federal por el distrito 1). En Guerrero el control del crimen es feroz; en diversos municipios de Tierra Caliente sólo contendió un candidato, pues los demás no fueron “palomeados” por el crimen organizado, quien los “bajó” de la elección; además, las candidaturas para Ajuchitlán, Arcelia, Coyuca, Cutzamala, Pungarabato, Totolapan, Tlalchapa, Tlapehuala y Zirándaro fueron negociadas con Johnny Hurtado Olascoaga, alias El Pez, líder de la Familia Michoacana. Lo mismo sucedió en Luvianos, Tejupilco, Tlatlaya, Amatepec, Zacazonapan y Sultepec, en el Estado de México. Estos cuantos ejemplos son un atisbo del horror en que se vive en esas y otras regiones del país.
Así se vive hoy, en tiempos de la 4T. ¿Cómo se puede siquiera hablar de aumentar el bienestar, cuando el crimen organizado mantiene a miles de mexicanos en el terror?
