El Instituto Nacional Electoral (INE) es de los ciudadanos, o sea, nuestro. De ahí la sentida reacción de sorpresa y rechazo a los pronunciamientos e iniciativas que intentan minar sus capacidades y autoridad. Sobre todo, cuando vienen de la cúspide del poder y arguyendo casos ética y jurídicamente insostenibles.
Como ninguna, el INE es una institución que fue creada y funciona a partir de los ciudadanos. En México, hasta 1990 la regulación y supervisión del proceso electoral recaía en la Secretaría de Gobernación, la cual era juez y parte en el proceso. De ahí la lucha permanente de muchos mexicanos por dar autonomía al árbitro electoral, hasta llegar a su ciudadanización plena, lo que se logró a partir de 1996.
Pocas instituciones tienen un grado de participación ciudadana como el INE, pues tanto en la cúspide de su liderazgo (Consejo General), como en toda la pirámide organizacional se recurre a ciudadanos para realizar sus funciones (funcionarios de casilla). Un gran número de ciudadanos participan en las elecciones; en la elección de 1994 lo hicieron 672 supervisores, 6,780 capacitadores, y 384 mil funcionarios de casilla, mientras que en la de 2018, fueron 38,848 capacitadores, 6,289 supervisores, y más de 900 mil funcionarios de casilla. Ningún ejercicio cívico involucra más mexicanos que las elecciones, quienes se vuelven testigos de la calidad, imparcialidad y limpieza del proceso.
La contribución del INE al desarrollo de la democracia mexicana es fundamental. En esencia porque logró aumentar gradualmente la confianza en las elecciones y en el árbitro electoral, lo que recibió múltiples reconocimientos nacionales e internacionales. Su éxito ha sido tan rotundo, que hace sólo siete años, sus facultades se ampliaron a la coordinación de los Organismos Públicos Locales Electorales (OPLEs). Recordemos que el INE sólo rinde cuentas a la ciudadanía
Quizá el momento estelar del INE fue cuando, en julio de 2000, organizó y supervisó la elección que dio lugar a la alternancia en la Presidencia de la República, cuando Vicente Fox sucedió a Ernesto Zedillo. Hubo mucho trabajo previo para acreditar al árbitro y al proceso, que fue ampliamente publicitado. Tan es así, que en el discurso del presidente López Obrador en el Trife, al recibir su constancia de Presidente electo, afirmó “no hay democracia sin Estado de derecho... No habré de entrometerme de manera alguna en las resoluciones que sólo a ustedes competen... en el nuevo gobierno... ninguna autoridad será objeto de peticiones o presiones desde la Presidencia”.
¿Qué sucede con Morena y la Presidencia que embisten causas muy cercanas al sentir de la ciudanía, como la vulneración de los derechos de la mujer y la autonomía del INE? Ahora, el preámbulo de la elección de junio 6 son amenazas del presidente y de Morena contra el INE, su Consejo General y, lo inaudito e inaceptable, contra los consejeros electorales en lo personal: “habrá que pensar seriamente desde el Congreso de la Unión si renovarlo o exterminarlo”, aseguró el líder de Morena y corifeo del presidente.
Debemos recordar que esos consejeros son de la ciudadanía, y que atacarlos es atacar ni más ni menos que a la propia ciudadanía. Parecería como si intentaran negar las aspiraciones democráticas de la mayoría de los guerrerenses, subordinando el cumplimiento de la ley a la voluntad de unos cuantos.
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Presidente de GEA Grupo de Economistas y Asociados / StructurA
