Desde el inicio de la pandemia COVID-19 Naciones Unidas ha trabajado de la mano con los países en la definición de medidas para la prevención y el abordaje de esta enfermedad y México no ha sido la excepción. La emergencia sanitaria también tiene una dimensión de derechos humanos que debe atenderse con igual importancia, particularmente cuando se trate de la adopción de medidas que limiten e incluso suspendan derechos humanos.
El abuso de poder durante la pandemia ha sido una preocupación de Michelle Bachelet, Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, quien ha sido clara en recordar que las medidas de emergencia no deben servir de pretexto para violar derechos humanos. Por su parte, los Relatores y Grupos de Trabajo de la ONU han reiterado que en un país respetuoso de los derechos humanos las medidas de emergencia sanitaria cumplen con los principios de legalidad, necesidad y proporcionalidad, no son discriminatorias, respetan el derecho a la información, los principios internacionales sobre el uso de la fuerza y los derechos y garantías no derogables.
Las autoridades federales han reiterado una y otra vez que no se recurrirá a un estado de excepción para contrarrestar la pandemia, que la suspensión de derechos y el uso de la fuerza por las instituciones federales de seguridad no es deseable y que en México no hay un estado de excepción. En esta línea, la Subsecretaría de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación publicó el 12 de abril la “Guía en derechos humanos para las medidas COVID-19”.
Esta opción por un enfoque no represivo y de respeto a los derechos humanos por parte del Gobierno federal nos parece sumamente adecuada. Sin embargo, algunos gobiernos estatales y autoridades municipales han decretado medidas de emergencia que no están en esta línea. De acuerdo con el seguimiento realizado por la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH), existen al menos 46 instrumentos (11 a nivel estatal y 35 municipales) que establecen medidas de emergencia, algunas de ellas restrictivas de derechos y con sanciones que llegan a la posibilidad de investigaciones penales.
En la determinación de las medidas de emergencia hay que tener presente que su objetivo es proteger la salud, no reprimir ni castigar. Su excepcionalidad no impide que se mantengan prácticas como los controles civiles sobre las fuerzas de seguridad, el parlamento abierto o el debate democrático en las discusiones legislativas. En este sentido, para facilitar la adopción de medidas respetuosas de los derechos humanos, la ONU-DH en México ha elaborado un conjunto de Directrices de derechos humanos para medidas de emergencia , así como una recopilación de las recomendaciones de la Alta Comisionada, Relatores, Grupos de Trabajo y Comités de la ONU para incorporar la perspectiva de derechos humanos en la atención a la pandemia por COVID-19.
Los contrapesos son particularmente importantes durante una emergencia sanitaria. Los Organismos Públicos de Derechos Humanos, los Congresos y el Poder Judicial tienen un papel importante que jugar para garantizar que las medidas de emergencia no vulneren derechos humanos. Igualmente, las personas defensoras de derechos humanos, periodistas y la sociedad civil en general son fundamentales para el escrutinio de las acciones de las autoridades ante la pandemia.
Un aspecto preocupante que surge del seguimiento de las medidas de emergencia en el país, son las expresiones de intolerancia que, en ocasiones, han encontrado eco en algunos gobiernos estatales y municipales. La “mano dura” no protege más, ni mejor de la pandemia. La represión y el punitivismo no reducen el contagio del virus. El racismo, la xenofobia y el clasismo no son expresiones de preocupación por la salud sino manifestaciones de intolerancia. Ante la incertidumbre de la pandemia, hay que resistir la tentación de alejarse de los derechos humanos. El rechazo a las conductas que inciten a la discriminación, la hostilidad o la violencia deben ser claros y tajantes y toda la sociedad tenemos la responsabilidad de hacerlo.
El reto de todas y todos durante la pandemia es no retroceder en el progreso que ha logrado el Estado mexicano en el cumplimiento de sus obligaciones de derechos humanos con la claridad de que la emergencia sanitaria no está peleada con el respeto de los derechos humanos. El reto último es, como dijo la Alta Comisionada, ser mejores una vez pasada esta crisis.
Por Jesús Peña Palacios, Representante Adjunto de la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos
