En la época reciente, los últimos 35 años, recuerdo solamente tres transformaciones económicas importantes:

1.- Para el análisis de la primera transformación es necesario introducir los antecedentes económicos de la década de los 70. En dicha década, el gobierno federal adoptó una política económica expansionista que resultó en un gasto gubernamental mayor al esperado, lo cual generó desequilibrios fiscales, provocando el endeudamiento del Estado.

Lo anterior resultó en la nacionalización de la banca a principios de los 80 y una década dedicada a pagar los excesos del gasto de gobierno. La premisa que llevó a esta deuda era la autosuficiencia, premisa desechada desde el siglo XVIII por economistas como David Ricardo. Así, llegó la década de los años 90 con una primera transformación económica.

Se estableció la autonomía del Banco de México en 1993, dando inicio a un periodo de estabilidad macroeconómica. Lo anterior fue precedido por el famoso pacto de solidaridad por el cual los empresarios acordaron no subir precios y los sindicatos, no exigir aumentos salariales. Así, de una inflación de dos dígitos durante la década de los 80, pasamos a inflaciones moderadas y en estos últimos seis años tendremos la menor inflación promedio de la historia.

2.- En la misma década de los 90 surgió la segunda transformación económica del país al firmarse el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN). Desde entonces, la economía nacional dejó de depender del petróleo (volátil) y del gasto de gobierno (dueño de Pemex) como motor de crecimiento económico, y transitó hacia la manufactura y el libre mercado.

Hoy, las exportaciones de automóviles superan 30% del total, mientras que la exportación de crudo es de solamente 6% del total. En esos años se establecieron los seguros de pensiones individualizados, otra reforma destinada a aliviar la carga financiera del estado. Le siguieron periodos de saneamiento de la banca de desarrollo y otras medidas de menor impacto. Un problema de raíz desde inicios de los 90 fue no liberalizar por completo a la economía.

Es decir, se vendieron paraestatales a grupos monopólicos y oligopólicos que van en contra de la teoría del liberalismo económico. Gran parte de la falta de crecimiento económico del país se debe a este factor. Sin embargo, el común denominador a partir de esa década fue la estabilidad macroeconómica y la economía de mercado. Si bien no se llevó a cabo como se esperaba, México comenzó a destacar como un país receptor de inversión extranjera, sobre todo la directa (IED).

3.- Llega la década de 2010 y con ella la tercera transformación económica, caracterizada por las importantes reformas estructurales destinadas a fomentar el crecimiento potencial de la economía. Aquí me gustaría hacer un paréntesis. La economía mexicana había experimentado niveles de productividad negativos en los últimos 30 años.

Por ejemplo, las empresas mexicanas pagaban en promedio 70% más en costos de energías que sus pares estadounidenses. Lo anterior se explica por la ineficiencia de empresas paraestatales, como CFE, que tenía altos costos operativos. La reforma energética, entre otras, se implementó para incrementar la productividad de la economía. Las reformas educativa, laboral, financiera, de telecomunicaciones (que ha reducido los precios de la telefonía en cerca de 40 % en seis años) fueron propuestas para elevar la productividad del país. La más relevante, la energética, tardará varios años en tener un impacto significativo, como sucedió con el TLCAN.

Ahora nos toca una cuarta transformación económica. De las reformas anteriormente señaladas resalta una que no me fue de mi agrado: la reforma fiscal. ¿Por qué? Porque hoy solamente 43% de la población está en la economía formal, es decir, menos de la mitad de la población paga impuestos. La reforma fiscal de EPN no atacó este problema: si bien incrementó la recaudación de 9% del PIB al 13% actual, el promedio de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) es de 35%.

La cuarta transformación económica del país debiera ser una reforma fiscal integral y proveer de un estado de bienestar social a la población mexicana. La nueva administración ha propuesto un aumento considerable del gasto público, destacando los apoyos económicos para los ninis, duplicar las pensiones, aumentar el salario mínimo, construir un tren en el sureste del país y, al menos, una refinería. El problema recae en que la dependencia de los ingresos vía impuestos resultará insuficiente para cubrir este gasto público.

La nueva administración tiene la opción, por primera vez, de incorporar a toda la población al erario público. Tiene el control del Congreso y Senado, y puede ofrecer a cambio un estado de bienestar completo: educación, salud, seguro de desempleo, entre otras áreas. Con el aumento de la base de contribuyentes se podrá cumplir con todo el gasto social comprometido y más. Sin embargo, como el TCLAN/T-MEC (Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá) y la autonomía del Banco de México, el impacto positivo será observado en el largo plazo. Esperemos que los intereses del país estén por encima de los intereses políticos.

Profesor de Economía y Finanzas de EGADE Business School Monterrey

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