Así se llama el libro de Robert Badinter, quién fue ministro de Justicia y presidente del Consejo Constitucional de Francia, libro publicado en 2023, antes de su muerte. Demuestra que hay cargos suficientes contra el presidente ruso, puesto que los crímenes detallados a lo largo de 130 páginas son imprescriptibles. Empieza por el “crimen de agresión” definido por la Corte Penal Internacional, debido al hecho de que, como jefe de Estado y comandante supremo de la Federación de Rusia, ha preparado y planificado, de 2014 a 2022, una agresión armada contra Ucrania que, por su naturaleza y amplitud, constituye una violación manifiesta en la Carta de las Naciones Unidas; la lanzó el 24 de febrero de 2022 y la ejecuta hasta hoy.
Precisamente ha cometido los siguientes actos de agresión: ataque que afectó gravemente la soberanía de Ucrania, su invasión y ocupación; anexión por la fuerza de los distritos de Luhansk, Donetsk, Zaporizhiia y Kherson; bombardeos permanentes; bloqueo de los puertos y la costa ucraniana; envío de tropas irregulares y mercenarios, en particular del grupo Wagner; haber recurrido a la fuerza armada en violación de la Carta de las Naciones Unidas, sin poder invocar el derecho natural de legítima defensa, ni otras causas que exoneran de responsabilidad; la integridad territorial y la independencia política de Ucrania. Todos estos hechos están previstos por el artículo 8 del Estatuto de la Corte Penal Internacional y merecen ser perseguidos, en virtud del artículo 25.3., a) del mismo Estatuto.
Luego siguen los “crímenes de guerra” efectuados por las fuerzas armadas rusas según un plan establecido y una política definida y más precisamente:
Ataques intencionales contra la población civil en general o contra civiles que no participan en las hostilidades.
Ataques dirigidos intencionalmente, sabiendo que causarán pérdidas en vidas humanas, heridas a personas civiles y destrucción de bienes, manifiestamente excesivos en relación con las ventajas militares esperadas.
Ataques intencionales contra edificios dedicados a la enseñanza, al arte (teatros), a la religión, hospitales y maternidades que no pueden ser objetivos militares.
Ataques y bombardeos a ciudades, pueblos, aldeas, destrucción de infraestructuras civiles, como la gran presa de Nova Kakhovka sobre el río Dnipro, que no tienen defensa.
Asesinatos, ejecuciones sumarias, detenciones ilegales, deportaciones o transferencias de población civil ucraniana al territorio de la Federación de Rusia.
Actos de tortura y tratamientos humillantes y degradantes.
Violaciones y toda forma de violencias sexuales.
Destrucción de bienes a gran escala y sin necesidad militar, ejecutada de manera ilícita.
Saqueo en grandes dimensiones de las localidades conquistadas, con o sin asalto.
Estos crímenes se inscriben en el marco de un conflicto armado internacional y son previstos por los artículos 8.1 y 8.2 y perseguidos sobre el fundamento del artículo 25.3 a) del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional.
“Crímenes contra la humanidad”: Desde el 24 de febrero de 2022, el intermediario de las FFAA rusas, bajo su autoridad, ha devastado al territorio del Estado ucraniano, y en particular, en Kyiv, Bucha, Irpin, Chernihiv, Kharkiv, Sumy, Kherson, Mikolaiv, Zaporizhiia, Mariúpol, Irzum, cometiendo asesinatos, deportaciones, encarcelamientos, torturas, deportación y secuestro contra la población civil, calculando por lo menos unos 20 mil niños.
Por ese último crimen, la Corte Penal Internacional lanzó un mandato de arresto contra el presidente Putin. Cada una de estas acciones criminales es causa de condena, en virtud del derecho internacional, del derecho de la guerra y de los principios universales reconocidos por Rusia. Por cierto, eso vale también para el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu y su secretario de la Defensa.
Historiador en el CIDE