Perdón, estimados lectores, por un tema que les puede parecer abstracto, pero es de mucha importancia por el empeño de un sector del Gobierno en acabar con los fideicomisos. “El fideicomiso es una figura de derecho civil por medio del cual una persona física o moral transfiere la titularidad de una parte de sus bienes o derechos a una institución fiduciaria, para que con ellos se realice una serie de fines lícitos y determinados, mismos que la persona fideicomitente señala en el contrato respectivo. Pensemos en un ejemplo: un padre acude al banco para crear un fondo que sirva para la educación superior de sus hijos. Entrega al banco la titularidad de una parte de sus ahorros, para que éste, en el futuro, se encargue de pagar las colegiaturas de sus hijos”. (Pablo Mijangos).
Los fideicomisos (FC) públicos son contratos entre la administración y una institución financiera para un fin lícito y determinado con bienes de la Federación. Esta figura se ha utilizado para atender asuntos prioritarios del Estado, desde el pago de pensiones, hasta el apoyo al deporte y a la investigación científica, pasando por la respuesta a desastres naturales, etc.
Cierto sector en el Gobierno, seguido por la mayoría parlamentaria, afirma que los FC son una fuente de corrupción por su falta de transparencia. Falso: son fondos fiscalizables y fiscalizados por la Auditoría Superior de la Federación, regidos por la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, la Ley General de Transparencia y demás. Por experiencia, sabemos que, en el caso de los Centros Públicos de Investigación/Conacyt, se audita hasta el último centavo, de modo que podemos afirmar que estos FC sirven para fines bien precisos, de manera profesional, legal y transparente.
Los FC se han utilizado para financiar, a mediano y largo plazo, actividades como la ciencia, el cine nacional, el deporte de alto rendimiento, la atención a emergencias como la sequía, ciclones o sismos. ¿Por qué? Están pensados para asegurar la disponibilidad de recursos en un largo plazo, que rebasa por mucho la temporalidad anual del presupuesto federal; un largo plazo necesario para la realización de fines socialmente deseables. Cuando bajaron al ruedo eminentes directores de cine como Del Toro, Iñárritu, Cuarón, nuestros parlamentarios se asustaron y prometieron recapacitar: en el caso del cine, porque es un tema popular que podría volverse electoral. Pero, los otros FC no son menos importantes. FONDEN (Fondo para la Atención de Emergencias en caso de Desastres Naturales) responde a la necesidad de atender catástrofes periódicas, imprevisibles por definición, cuya aparición sabemos que se da, tarde o temprano. Atender estas emergencias no puede depender de los fondos disponibles en el presupuesto del año. La existencia del FC garantiza que hay dinero disponible para enfrentar las catástrofes, porque este dinero no se puede usar para otros fines. Los gobernantes y los parlamentarios deben reconocer o aprender que la meta de los FCs no es la disimulación para que un patrimonio escape al control democrático del dinero público y privado, nacional y extranjero. Privado y/o extranjero porque hay fundaciones privadas e internacionales (la Unión Europea o la Organización Mundial de la Salud, o la FAO, por ejemplo) que aportan fondos a nuestros FCs. De hecho, la supervisión y la regulación funcionan en la práctica; que orienten su energía nuestros legisladores a mejorar esos medios de control, fortaleciendo los mecanismos contra la corrupción y el desvío. En lugar de impedir la realización de un fin socialmente deseable en el largo plazo.
Sin una garantía de estabilidad financiera, dependiendo cada año de la discusión del presupuesto, de los altibajos de la economía nacional y de la fiscalidad federal, del retraso más que frecuente, incluso del incumplimiento del presupuesto anual, ciencia y artes, apoyo al deporte, atención de emergencias, etc. quedarían a la deriva.
Con la colaboración de Pablo Mijangos, historiadores en el CIDE
