La pasada semana, la narrativa que se hace desde Palacio Nacional se endureció. Busca, como siempre, polarizar para tener a su importante base cohesionada rumbo a la marcha convocada para el próximo 18 de marzo —para conmemorar la expropiación petrolera— y, sobre todo, con miras a la jornada electoral en Coahuila y el Estado de México. Pero lo sorprendente de las últimas semanas es que el Presidente ha atacado a los árbitros de las disputas más relevantes en el país: a la Suprema Corte de Justicia de la Nación y a sus jueces; al Instituto Nacional Electoral y a sus funcionarios, y a los medios de comunicación y a sus comunicadores y periodistas.
Así, está atacando al árbitro de las disputas institucionales, el Poder Judicial federal. Ojalá este ataque a los juzgadores fuera sólo discursivo, pero no. Nos hemos enterado a través de La Jornada y Milenio que se han abierto, desde la FGR , averiguaciones penales contra los juzgadores y que desde la UIF-SHCP también se les investiga. Además, se piensan iniciativas para invadir las facultades de la ministra presidenta de la Corte, al quitarle la administración del Consejo de la Judicatura Federal. Así lo escribió en las páginas de este diario el subsecretario de Derechos Humanos de la 4T, Alejandro Encinas.
El INE, de igual forma, está bajo ataque de abruptos cambios legales y a varios de sus funcionarios les han abierto denuncias administrativas y penales desde el Órgano Interno de Control de ese Instituto —que comanda un nombrado por la 4T—, pero también se les han abierto expedientes desde la FGR.
Y, finalmente, a los medios de comunicación privados, a prácticamente todos, nacionales y extranjeros, se les ataca desde la mañanera, al igual que a los periodistas más leídos y escuchados por las audiencias mexicanas. Pero aquí también hay novedades: se han presentado, en ambas Cámaras del Congreso, por parte de legisladores del bloque oficialista, iniciativas para legislar el “derecho de las audiencias”. Suena bonito; sin embargo, lo que buscan es que desde el Estado se nombren comisarios (defensores) para corregir o inhibir lo que se diga en la radio y TV mexicanas . Cosa por demás curiosa es que los promoventes de esta legislación son funcionarios de primer nivel que hoy operan los medios públicos federales. Sí, los promoventes están en los medios que controla el gobierno y, como estos no logran posicionarse entre las audiencias ni imponer una narrativa oficialista, ahora tratan de silenciar a los medios privados. Atacar al árbitro de las disputas legales, al árbitro que organiza elecciones y cuenta votos, y al “árbitro” mediático, es algo que ya se ha visto en varios países que se han convertido en regímenes autoritarios.
En Venezuela, el ataque institucional inició en 1999 contra su Corte Suprema. La mayoría chavista en el Congreso buscó su “depuración”, lo que logró al disolverla y nombrar a una mayoría de magistrados leales al gobierno de Hugo Chávez. Después, ya sin recursos judiciales, vinieron los ataques a los medios de comunicación y los afectados fueron los que siguieron siendo independientes del gobierno: CNN, NTN24 y RCTV . En Argentina, el Congreso kirchnerista aprobó una Ley de Medios Audiovisuales (2009) para someter al principal emporio mediático: Clarín. Afortunadamente, varios jueces federales suspendieron las reglas que les disolvían y el cambio de gobierno a Mauricio Macri les acabó de salvar.
Pero estas historias de ataques a juzgadores, organismos electorales y medios de comunicación también han sucedido en Bolivia, Nicaragua y Ecuador. Los resultados nunca son buenos para los regímenes democráticos.
Me parece que la 4T está en un parteaguas en el que varios actores tratan de convencer al Presidente de concretar su “transformación” y echar abajo a los árbitros antes enunciados. Ya tienen el andamiaje listo. Sólo esperan la instrucción para actuar, tal y como sucedió con el INE . Ojalá que el titular del Ejecutivo siga siendo un demócrata de buenos reflejos e intenciones, y que no llevemos a México a una lucha institucional en la que todos perderíamos. Esta película ya la vimos en varios países de América Latina y les salió mal. Pronto sabremos qué pasará.
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