Desde 2013, varios activistas han pretendido sobrerregular el tema de los Derechos de las Audiencias; algunos de ellos por razones correctas, y otros más en la búsqueda de controlar a la radiodifusión. Varias de estas personas, con la llegada de la 4T, se convirtieron en funcionarios públicos federales y trabajan en los medios que ésta controla. Y, en lugar de ampliar las audiencias de los medios públicos, han optado por generar desde éstos propaganda acorde al régimen. Tan es así, que en su mayoría han sido sancionados reiteradamente por el TEPJF al hacer ejercicios propagandísticos en lugar de periodísticos, lo que ha afectado a sus audiencias, mismas que han migrado a los medios privados.
En la coyuntura de polarización del país, varios funcionarios federales han seguido tratando de sobrerregular a los medios, en particular, al obligar a los noticieros a diferenciar entre la opinión y la información que dan sus comunicadores -lo que no se ve en ninguna parte del mundo- y también a buscar que sea el Estado y no cada medio de comunicación el que nombre a los defensores de audiencia de cada estación.
Con la llegada de la pandemia en 2019, el consumo de los mexicanos de contenidos provenientes desde el extranjero ( TV restringida y plataformas OTT) se acrecentó. Eso fue un duro golpe para algunos medios mexicanos y, obviamente, estos temas de los derechos de las audiencias no aplican para los medios que se originen en el extranjero. Así, los medios mexicanos no solo están en una desventaja económica frente a los foráneos, sino también con enormes cargas regulatorias, como spots oficiales, electorales y, encima de ello, hay quienes buscan regular nuevos derechos de audiencias.
Ayer, la SCJN invalidó por “vicios procedimentales” la reforma que sobre derecho de las audiencias se aprobó en 2017. Algunos ministros, como el presidente Arturo Zaldívar, y los ministros Yasmín Esquivel y Alberto Pérez Dayán hicieron pronunciamientos expresos para defender la libertad de expresión, pero habrá que esperar la resolución pública para saber los alcances de la sentencia. Sin embargo, sin esperar a ver qué diría el pleno de la Corte, desde el pasado periodo legislativo hay tres iniciativas presentadas por Morena con las que buscan acotar severamente la libertad de expresión de los comunicadores de la radio y la televisión.
Lo que ha venido sucediendo es grave: primero, en todas las instancias de litigio nunca se le permitió a la radiodifusión privada ser parte de los juicios para defenderse, con lo que se ignoraron los efectos de las decisiones judiciales en los medios privados y sus millones de audiencias; segundo, muchos meses antes de que la Corte emitiera su fallo en el pleno, desde marzo de este año, Morena tenía ya presentadas las iniciativas para cercenar la libertad de expresión de los medios de comunicación electrónicos.
En las siguientes semanas se dará una de las batallas más grandes por la libertad de expresión en México, en donde, por lo menos, queda claro que varios directivos de medios públicos y una parte de la bancada de Morena están por restringirla. El pleno de la SCJN no avaló argumentos censores, como sí paso en algunas instancias federales de menor nivel, así que la estrategia que traían los diputados de decir que lo que estaban legislando era por mandato de la Corte se les ha venido abajo. Desde luego, el bloque oficialista en el Congreso tiene las mayorías para legislar sobre la radio y la televisión en México, pero con el fallo de ayer, si atentan contra la libertad de expresión en el país, ellos serán los únicos responsables.
CAMBIANDO DE TEMA
Documentos en poder de esta columna dejan ver que la Segob, a cargo entonces del hoy senador Miguel Ángel Osorio Chong, sí empezó la búsqueda de los estudiantes de Ayotzinapa desde el mismo 26 de septiembre de 2014. De hecho, la Policía Federal que le reportaba realizó al 17 de octubre una búsqueda por 52 lugares. De igual manera, la PGR, a cargo de Jesús Murillo Karam, inició la búsqueda un día después de atraer el caso. En concreto, en la iglesia de San Gabrielito, donde pensaban encontrar a algunos normalistas en sus bodegas. Con los argumentos que la FGR ha dado para arrestar a Murillo Karam por la muerte de 43 normalistas, centrados en la negligencia, ¿estarán varios funcionarios de la 4T en riesgo de ir a la cárcel, pues en su guardia murieron 600 mil mexicanos a causa del Covid?
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