En las últimas semanas nos hemos enterado de detalles del espionaje que hay sobre los distintos cárteles del narcotráfico en México. La filtración que un militar hizo de documentos marcados como ‘top secret’ del ejército de Estados Unidos, revelados por el diario The Washington Post, dan cuenta de un minucioso espionaje electrónico a los liderazgos del Cártel del Golfo (CDG) en Tamaulipas. Las agencias de inteligencia estadounidenses espiaban al CDG y sabían lo que estaba sucediendo en torno al secuestro de cuatro ciudadanos de su país en Matamoros.
Vía una rueda de prensa que dieron el fiscal general de EU, Merrick Garland, y la directora de la Agencia Antidrogas (DEA), Anne Milgram, la semana pasada nos enteramos de que el país vecino también espía al Cártel de Sinaloa, que tenía las conversaciones de cómo ese grupo delictivo y su liderazgo —los Chapitos— operaban la exportación de fentanilo, y que tenían a espías infiltrados en ese cártel.
De igual forma, otra filtración, pero la de ‘Guacamaya Leaks’, dejó saber que, también por métodos de espionaje, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), en conjunto con la DEA conocían desde marzo de 2016 la ubicación de dos hijos de El Chapo —Archivaldo y Joaquín Jr—, pero optaron por no capturarlos. También vía ‘Guacamaya Leaks’ nos hemos enterado de que la Sedena tenía espiados a los cárteles del Golfo y al de Jalisco. De hecho, lo revelado a partir de oficios internos de la Sedena deja ver que las autoridades en México sabían del reclutamiento de elementos de seguridad para hacer operativos a favor del crimen organizado, pero también, los lugares en que se abastecían de armas y hasta de algunos “blancos” potenciales. Total, las fuerzas armadas de México y de EU tienen un mapeo detallado de quién es quién en cada cártel.
Sí, quizá es lo que se espera de las fuerzas armadas de cualquier país, un espionaje a los cárteles de la droga. Pero un par de cosas saltan a la vista: por un lado, que para el espionaje que hace EU en México, las agencias de inteligencia del país vecino acudieron a una corte federal especializada en intervenciones y les dieron autorización para ello, al estar en riesgo la seguridad nacional de aquel país (acudieron a la U.S. Foreign Intelligence Surveillance Court), mientras que en México no hay hasta ahora indicios de que el espionaje haya sido bajo mandato judicial.
Por otro lado, las autoridades de ambos países pudieron haber intervenido para salvar la vida de muchas personas en México, y sencillamente no lo hicieron. Decidieron tener escuchas pasivas y dejar fluir las cosas. En el caso de EU, su injerencia en nuestro territorio está, hasta ahora prohibida. Pero, en el caso de México, lo que se estaría configurando es delicado: escuchas ilegales y, al mismo tiempo, pasividad de autoridades para no actuar contra los cárteles, a pesar de que sabían dónde se hacían de armas de grueso calibre y contra quiénes atentarían.
Si la actual Fiscalía General de la República tiene carpetas abiertas por el operativo ‘Rápido y Furioso’, que en 2011 permitió que armas de grueso calibre ingresaran a México y, luego de perderles el rastro, se habrían usado para matar a al menos unos 200 mexicanos —según fuentes del Congreso de EU—, el espionaje recientemente revelado y las decenas de miles de muertos que ha habido ante la inacción de las autoridades va a ser un tema que eventualmente llegará a juicio en México o en el país vecino.
Pueden pasar algunos años y hasta varios de los involucrados se pueden sentir protegidos hoy por el poder que ostentan, pero no tenga usted ninguna duda de que la combinación entre espionaje ilegal, decenas de miles de muertes que se pudieron haber evitado y la desconfianza que hay en EU sobre las actuales autoridades de seguridad, son una mezcla explosiva. Si no, pregúntenle a Jesús Murillo, Tomas Zerón, Edgar Veytia o hasta al propio Chapo Guzmán. Así, la mezcla del ‘Guacamaya Leaks’ con los ‘Discord Leaks’ dejan ver que, eventualmente, serán una pesadilla para funcionarios del actual gobierno federal. Varios deben estar arrepentidos de no haber gastado más en sistemas de ciberseguridad más eficientes.
