1. Incremento y estatización de apoyos sociales: en los precriterios que la SHCP envió a la Cámara de Diputados en preparación para el Presupuesto de la Federación 2024, se establece un incremento de 30% a los recursos que el gobierno dispersa para el programa “Pensión para el Bienestar de los Adultos Mayores”. Así, los más de 11 millones de beneficiarios estarían, en año electoral, recibiendo este aumento, lo que es un estímulo para ellos y sus familias.
De igual manera, el gobierno federal se está apresurando en la apertura de sucursales del Banco del Bienestar y dice tener ya más de mil 800. Esta institución bancaria y sus tarjetas del Bienestar serán la única vía donde se paguen los programas oficiales: Adultos Mayores, Becas para el Bienestar Benito Juárez (para la educación), Bienpesca (programa para pescadores y acuicultores), entre otros.
Así, el nuevo banco gubernamental se está tratando de posicionar como una institución con información y operación electoral que tiene como meta “llegar a 25 millones de mexicanos… y cada uno de ellos cobre sus recursos mediante la tarjeta del Banco Bienestar”. Es decir, quieren que los beneficiarios del gobierno no tengan intermediarios —y que nadie más tenga su información— y están desplazando a la banca privada. Ya le han quitado beneficiarios a BBVA y Banamex. Ahora, están en proceso de quitárselos a Banorte, Banco Azteca, Santander, HSBC, Scotiabank y Afirme.
Esta medida oficial no tiene parangón y equivaldría a que una empresa privada obligue a su empleado a recibir la nómina en el banco de su elección y no en el que el trabajador elija. Cuando de hecho, en México desde 2008 se implementó la portabilidad de nómina a la elección del empleado, pero los bancos no se atreven a protestar y la Comisión Federal de Competencia —ya muy disminuida— no se atreve a estudiar las afectaciones a la libre concurrencia y competencia.
Con este reciente precedente, de ser exitoso en la 4T, tal y como había publicado la Tesorera de la Federación en febrero de este año, seguirá la migración de la totalidad de las cuentas de las dependencias del sector público al Banco del Bienestar. Aunque hasta el secretario de Hacienda lo negó previo a la celebración de la pasada Convención Bancaria, la realidad es que la 4T quiere usar todos los recursos oficiales y la base de datos de todos sus beneficiarios como un poderoso instrumento electoral. Para ellos hace mucho sentido. Estamos viendo la bancarización de una estrategia político-electoral.
2.- Cambios en puestos directivos del INE: la mayoría, si no es que todos los altos directivos del INE que trabajaron para el anterior presidente, Lorenzo Córdova, han renunciado. Esta decisión fue pragmática, pues ante la llegada de nuevos consejeros —insaculados por la mayoría de los legisladores de Morena— tenían la preocupación de que, en caso de renunciar o ser despedidos, sus montos de liquidación serían menores a los esperados. Ahora, lo que se conoce como la Junta General Ejecutiva está siendo renovada y hay muchas presiones para la selección de los nuevos funcionarios, incluido el secretario ejecutivo, y para cuyo nombramiento se requiere una mayoría calificada de consejeros. Pero en el INE las cosas ya están cambiando; como ejemplo están los criterios cautelares con los que muchas veces sancionaron la promoción anticipada de Claudia Sheinbaum y que, a otro precandidato de Morena, Adán Augusto López, ya le permitieron lo que antes estaba prohibido. Con esto, las campañas internas de Morena habrán de “volar” a pesar de sus anticipados tiempos.
3.- El nuevo blanco de la 4T serán los jueces: con un INE más permisivo, con un INAI anulado por la falta de sus comisionados, el nuevo blanco son los jueces y, en particular, la SCJN. Estos se han vuelto incómodos, pues están haciendo cumplir la ley y a la 4T no le interesa el cumplimiento de las normas, sino avanzar su agenda. Además, a diferencia de lo que aconteció en los gobiernos priistas, la 4T no está haciendo esfuerzo alguno por construir buenos cuadros jurídicos. Al contrario, hasta está desarmando la Consejería Jurídica de la Presidencia. Lo que se mantiene en disputa es que la SCJN siga “tirando” leyes que a la 4T le interesan; sin embargo, ayer nueve ministros —entre ellos Arturo Zaldívar— supieron defender el Estado de derecho. ¿Seguirán los desacatos?
