Varias agrupaciones políticas están cerrando a todo vapor para concretar el convertirse en partidos políticos y poder contender en las elecciones del año entrante. De acuerdo con la información interna del Instituto Nacional Electoral (INE), son ya “siete organizaciones [que] están en posibilidad de cumplir preliminarmente los requisitos para constituirse en partido político nacional”. Estas son, en orden de firmas conseguidas y asambleas realizadas:
1.- Grupo Social Promotor de México: representado por Roberto Pérez y es una organización vinculada al otrora Partido Nueva Alianza.
2.- Redes Sociales Progresistas: representado por Juan Iván Peña Neder y José F. González, yerno de la maestra Elba Esther Gordillo.
3.- Encuentro Solidario: representado por Berlín Rodríguez Soria y vinculado al extinto Partido Encuentro Social.
4.- Libertad y Responsabilidad Democrática: representado por Margarita Zavala y vinculado al
expresidente Felipe Calderón, y a una buena parte del panismo.
5.- Fuerza Social Por México: representado por César Augusto Díaz y vinculado con Pedro Haces, líder de trabajadores y senador suplente de Morena.
6.- Fundación Alternativa: representado por César Augusto Santiago, exconnotado priista.
7.- Súmate: representado por Brenda Moreno, vinculada a Manuel Espino, exdirigente nacional del PAN, pero ahora vinculado a Morena.
Nunca antes se habían creado tantos partidos políticos, lo que denota un gran activismo. Menos visto aún es que un gobierno, el del presidente Andrés Manuel López Obrador, podría tener una coordinación legislativa con 9 de las 14 fuerzas políticas existentes. Seis de los prospectos de partidos arriba señalados —con excepción del de los Calderón— más Morena, PT y PVEM, gravitan en torno a la 4T. Con ello, el gobierno federal podría tener fácilmente una gran bancada legislativa que le dé la mayoría necesaria y, de nueva cuenta, por artilugios legales, contar con una sobre representación mayor en la Cámara de Diputados que la que le dará los votos.
Esto, además, se da en el contexto del cambio de cuatro consejeros del INE, de un total de 11. Al parecer, el gobierno federal y su bancada legislativa harán valer su número de diputados, de los cuales hoy tiene ya 332 de 500, para imponer en el instituto a sus candidatos. De hecho, la mayoría calificada para estos nombramientos es de 333 votos, por lo que con una sola ausencia de algún diputado de la oposición, la 4T podría hacer los nombramientos que le convengan.
Para algunos analistas, esto pondría en riesgo los procesos electorales tanto a nivel federal, como local. Esto, al perderse —en buena medida— la autonomía del INE respecto al gobierno. Pero para la 4T, es sencillamente una repetición de lo que han hecho antes otros gobiernos —del PAN y PRI— al mandar al IFE, ahora INE, a sus “incondicionales”.
La realidad; sin embargo, es una intermedia entre ambas visiones. Esto pues el PRI y PAN nunca pudieron, por sí solos, acercarse al número mágico de la mayoría calificada (333 legisladores), por lo que tuvieron que negociar perfiles y de esos compromisos se logró nombrar a varios consejeros apartidistas y profesionales.
Con 14 partidos políticos —y al menos nueve de ellos vinculados al proyecto del actual gobierno federal—, más cuatro nuevos consejeros en el INE y un contralor interno nombrado recientemente por los actuales legisladores de la 4T, el cómo se procesan los temas electorales es algo que va a cambiar. Y esto puede tener repercusiones más allá de lo electoral, pues versa sobre la institución que se encarga de poner las reglas y contar los votos con los que se reparten los cargos políticos a nivel federal, estatal y municipal.
El gobierno y sus legisladores deben evaluar qué tanto desgaste están dispuestos a aceptar para nombrar un INE a modo. ¿Tienen los votos? Desde luego. Pero cuando han usado su mayoría para imponer nombramientos, como en la Comisión Nacional de Derechos Humanos o en la Comisión Reguladora de Energía, han habido altos costos que pagar. Costos que, además, durarán un largo tiempo. En cambio, en procesos de renovación como los del Banco de México, la Suprema Corte o la Comisión Federal de Competencia Económica, el actuar institucionalmente ha logrado darle vigencia a los organismos autónomos, poner a perfiles aceptables (no incondicionales) y evitar desgaste político.
Todo parece indicar que, dado que en 2021 se celebrarán las elecciones con mayor número de cargos a elegir (500 diputados federales, 15 gubernaturas, más de 2 mil alcaldías y varios congresos estatales), la 4T ve como una prioridad el INE. Pero habrá que ver cómo procesa el tema de los nuevos consejeros, pues así como en algunos casos ha dado muestras de “agandalle”, en otros casos también ha dado muestras de institucionalidad.
Pronto sabremos cómo el gobierno federal y su mayoría legislativa resuelven esto, al emitir esta semana la convocatoria para elegir a consejeros y al Comité de Evaluación que hará las evaluaciones a los aspirantes al INE.
Cambiando de tema:
Una mala, muy mala de iPhone: el gobierno francés descubrió y multó a la empresa por mandar deliberadamente actualizaciones operativas que provocaban que los teléfonos fueran más lentos, a manera de obligar a los consumidores a cambiar de equipo. Los modelos afectados fueron los iPhone 6 y iPhone SE. La multa, sólo en Francia, será de 25 millones de euros.
Y, una buena: que en México, los iPhone ya podrán captar las frecuencias de la Red Compartida —que opera Altán Redes—, con lo que esa red y sus nuevos servicios a ofrecer podrían tener viabilidad, al tiempo de generar alternativas más económicas en internet y telefonía móvil para millones de personas.
Twitter: @JTejado
