Hace dos semanas se capturó a Rafael Caro Quintero y, al día de hoy, éste sigue en México y se está desarrollando una intensa disputa legal por parte de sus abogados y defensores públicos tratando de evitar que sea extraditado a Estados Unidos, donde tiene cuentas pendientes con la justicia americana por el asesinato del agente de la DEA, Enrique “Kiki” Camarena Salazar, en 1985.
Para Estados Unidos, Caro Quintero era el prófugo de su justicia más buscado. Ofrecían por él una recompensa de 20 millones de dólares, su captura era una prioridad y ésta fue tan importante para Estados Unidos que el procurador general de aquel país, Merrick B. Garland, emitió el mismo día de la detención un comunicado celebrándola y buscando su inmediata extradición a EU. Sin embargo, la “inmediata extradición” no ha sucedido y esto llama mucho la atención, pues cuando Caro Quintero fue capturado no tenía ninguna orden judicial en México que evitara su extradición. Todos sus juicios estaban concluidos.
Pero cuando fue arrestado en Choix, Sinaloa, lo llevaron a los Mochis y de ahí al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, para posteriormente llevarlo al penal del Altiplano en las inmediaciones de Toluca, Estado de México. Cuando, sin haber impedimento judicial, lo pudieron haber trasladado en directo de los Mochis a los EU.
El haberlo llevado a tantas ubicaciones en México, le dio oportunidad a sus abogados de lograr obtener suspensiones judiciales en varios lugares, con lo que la extradición que tanto piden los norteamericanos al día de hoy no se ha podido concretar.
Parece que más que una estrategia jurídica bien planeada, como cuando en 2017 se extraditó al Chapo Guzmán a EU, esto, apenas se acabaron sus procesos judiciales en México, en el caso de Caro Quintero el tiempo que transcurrió entre su captura y su ingreso al penal del Altiplano fue tiempo importante que sirvió a su defensa legal. Ante ello, surgen las siguientes preguntas:
¿Lo acontecido es un simple error jurídico, como tantos que vemos hoy en día en este gobierno federal? ¿Es parte de la retórica nacionalista que estamos viendo —en varios frentes— y se trata entonces de una decisión pensada para no verse muy “colaboracionistas” con EU? O, ¿sencillamente hay una decisión para evitar que Caro Quintero sea testigo en ese país y no haga declaraciones que pudieran incriminar a otras personas sobre lo sucedido en 1985?
El tema de la extradición del Sr. Caro Quintero, con toda seguridad, es uno más de los que está tensado la relación con el vecino del norte y particularmente con la fiscalía general de aquel país, pero, por lo que ha trascendido en estos últimos 15 días, lo más probable es que el gobierno federal, por cualesquiera de las hipótesis antes señaladas, no va a someter en lo próximo a Caro Quintero a procesos de extradición, lo que a su vez abre un nuevo frente, pues jurídicamente aquí en México ya habría purgado sus condenas, por lo que sólo estaría siendo detenido por un proceso de extradición que pudiera no prosperar.
Vaya usted a saber qué pase en un caso que se torna más complejo cada día que pasa. Pero si la decisión del gobierno, de manera razonada, era no extraditarlo, pues se hubieran ahorrado el operativo de su captura, un operativo en el que por razones —aún en estudio— se desplomó un helicóptero de la Secretaría de Marina y perdieron la vida 14 integrantes de las fuerzas especiales de esa institución. Ojalá que éstos no hayan perdido la vida en vano.
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