Todos los sectores del país están agitados. Desde la toma de carreteras, el cierre de vías férreas, las marchas de colectivos feministas y de normalistas, hasta los plantones y marchas de FRENAAA —fondeados por quién sabe quién— buscan la renuncia del presidente Andrés Manuel López Obrador. Y también están las protestas contra la eliminación de los fideicomisos públicos, las quejas de gobernadores por la ausencia de recursos y obra pública federal, y la toma de presas de agua.
Y si usted cree que hay una gran cantidad de movilizaciones, espere unas semanas a que empiece la discusión del paquete económico en el Congreso de la Unión, pues lo enviado por la Secretaría de Hacienda elimina varios apoyos que desde mucho tiempo atrás se daban a ciertos sectores: campesinos, pescadores, productores, etcétera, con lo que vendrán a exigir sus recursos en momentos en los que el gobierno federal ha decidido que tiene otras prioridades.
Pero la efervescencia no sólo es de grupos sociales. Los cuadros más importantes del partido en el gobierno, Morena, están disputando sin recato alguno su presidencia y secretaria general. Al respecto, la justicia federal, vía el TEPJF, ha circulado un proyecto para suspender la contienda interna ante el uso masivo de recursos para hacer campaña cuando, en teoría, no habría y sólo se realizarían encuestas de reconocimiento ordenadas por el INE.
Por otro lado, el propio Presidente envió la primera “consulta popular” formal, con la que busca enjuiciar a los expresidentes, provocando desgaste en las instituciones encargadas de validar y hacer la consulta —la SCJN y el INE. Además, de llevarse a cabo, nos costaría varios miles de millones de pesos hacer una pregunta anodina, pues las autoridades en cualquier momento podrían proceder contra cualquier exfuncionario público.
En este contexto, parece que dos vías son las más socorridas para buscar evitar agravios o avanzar intereses: la movilización y el acudir a tribunales federales. Esta segunda, a pesar de ser una vía institucional, está teniendo desgaste pues los actores no buscan la razón legal, sino sólo hacer avanzar sus intereses presionando a juzgadores federales. Está el ejemplo del TEPJF: Morena tuvo mil oportunidades para decidir internamente la renovación de su dirigencia, pero no pudo avanzar en todo un año y, ahora, se cruzan todo tipo de acusaciones contra el INE y magistrados electorales.
O está el caso de la Suprema Corte en la decisión de la “consulta popular”. La pregunta que otorgó no gustó al Presidente y mucho menos a sus detractores. Sin embargo, fue una salida legal —para no violar los derechos humanos de los expresidentes al quitarlos de la boleta—, pero también fue una política para no ser señalados de frenar la primera consulta pública nacional.
Finalmente, como última muestra, está el caso de la impugnación que, también ante la Corte, hizo la presidenta de la Cámara de Diputados, Laura Rojas, por la militarización que se ha hecho de la seguridad pública en el país.
Así, muchos grupos sociales, estudiantes, receptores de apoyos públicos, políticos del partido gobernante, legisladores y hasta el propio Presidente están, todos, en un permanente golpeteo institucional que genera un alto costo para el país, pues crece la percepción de que las reglas con las que trabajaba la clase política ya no son válidas, y son incapaces de llegar a acuerdos o de respetar las decisiones judiciales que ellos mismos promueven.
Queda la impresión de que estamos entrando en un terreno en el que el Poder Judicial Federal deberá ser muy estricto en que se cumplan sus decisiones y se respete el Estado de derecho, o iniciará una lucha frontal de poder en donde el más fuerte prevalecerá, lo que sería muy delicado y abre las puertas a todo tipo de escenarios indeseables.
Twitter: @JTejado
