La semana pasada, el estado de Oaxaca hizo cambios a la Ley de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes para sancionar la distribución, donación, regalo, venta y suministro, a menores de edad, de bebidas azucaradas y alimentos envasados de alto contenido calórico. Quien infrinja estas disposiciones será sancionado con multa administrativa y hasta 36 horas de arresto.
De los cambios legislativos, lanzados por un Congreso de mayoría morenista, llama la atención el gran número de actividades que serán sancionadas (incluido darle a tu hijo un refresco en casa). Pero, también destaca que la redacción se encarga de sólo multar a los productos de las empresas, pero deja fuera a los alimentos calóricos no envasados. Así que te puedes comer cuantas garnachas fritas desees, pero no te atrevas a tocar un gansito, pues quien te lo haya dado irá a la cárcel. No es una ley que per se cuide la salud de los niños oaxaqueños; es más bien una que va contra las empresas que producen este tipo de productos.
Lo malo es que, de inmediato, otras Legislaturas decidieron explorar redacciones idénticas como San Luis Potosí, Tabasco, la CDMX y hasta el Senado de la República, para hacer de ello una prohibición federal.
El forzar este tipo de reglas, imposibles de cumplir, es algo absurdo, pues con una mala técnica jurídica sólo va a dar pie a mucha corrupción, literalmente en cada escuela y en cada tiendita de barrio. Nuestros niños van a aprender, desde antes de leer, que la ley existe y que, sin embargo, se puede violar. Los Ministerios Públicos, o se van a saturar de denuncias, o van a extorsionar al por mayor. Tener prohibiciones, sin posibilidad real de sanciones, es en extremo dañino para la cultura jurídica y el Estado de derecho.
Pero, ¿cómo llegamos a una serie de prohibiciones que se parecen más a las ideas del Talibán de Afganistán o de los islamistas de Irán?
Primero, por un pésimo cabildeo y relación institucional entre las empresas que producen productos de alto contenido calórico. Los organismos de cabildeo y ONGs que se han creado son incapaces de defenderlos, pues no hay una postura unificada de las empresas. Al contrario, hay fuertes divisiones, principalmente entre las compañías que producen productos líquidos (refrescos o bebidas energizantes) contra las que elaboran productos sólidos (papas, panes, chocolates, etc). Las diferencias se dan desde cómo se deben de medir los contenidos calóricos, si es por pieza, por ingesta o por peso.
Segundo, porque las empresas no aportan los recursos para las obras a las que se comprometen. Nunca han instalado los bebederos de agua que prometieron, ni los parques que ofrecieron. Mucho menos las grandes campañas de educación cívica que idearon y presumieron.
Sin embargo, también es claro que las autoridades federales y estatales, que han sido rebasadas por completo por los contagios y, sobre todo, por las muertes por el Covid-19 –ya van cerca de 53 mil fallecidos- quieren evadir su responsabilidad en la mala planeación médica, al señalar que la culpable de tantas muertes es la comida chatarra que ha ocasionado una población obesa e insana.
Me parece que en el corto plazo las empresas de comida chatarra perderán mucho. Esto, a pesar de que varias están teniendo justo en esta época de coronavirus sus mejores ventas, pero en el mediano y largo plazo el que perderá es el Estado mexicano, pues se generará más incertidumbre en cuanto a las inversiones privadas, no se crearán nuevas empresas ni empleos en este sector y, sobre todo, la corrupción -que Morena dice querer limpiar- crecerá impunemente en todos los niveles, al darle a los burócratas un instrumento que sólo servirá para extorsionar a escuelas, padres, niños, empresas y pequeños comerciantes.
Así, México va a entrar a una peligrosa dinámica, en la que uno sabe en dónde inicia, pero no en dónde acaba. Mucho cuidado con legislar de manera absurda y populista.
Twitter: @JTejado
