El martes de la semana pasada, el presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), el magistrado Reyes Rodríguez, dio una entrevista en W Radio al periodista Carlos Loret de Mola. En esa entrevista, señaló que Andrés Manuel López Obrador era el Jefe del Ejecutivo que más medidas cautelares (en materia electoral) había incumplido. Loret, inquisitivamente, preguntó si, ante todas estas violaciones, lo más a lo que se llegaría era a “amonestaciones públicas”. El magistrado señaló que sí, dado que al Presidente de la República no se le puede sancionar, pero advirtió que estas faltas podrían dar lugar a la nulidad de la elección presidencial de 2024.
Aquí la nota es que el funcionario judicial-electoral de más alto nivel en todo el país ya abrió la puerta a que, de seguir la inequidad en la contienda, la sanción sería la nulidad del proceso electoral, algo que otros magistrados también han empezado a discutir al seno de sus equipos. No fue algo que Reyes Rodríguez se sacó de la manga. Es algo verdaderamente extraordinario que, desde ahora, se abra esa posibilidad jurídica por todo lo que implica y los riesgos que conlleva. Es igual de relevante que esas discusiones se dan incluso antes de que inicie formalmente el proceso electoral federal. Pero en el TEPJF se ve con gran preocupación la intervención del gobierno federal y de sus recursos públicos en pleno proceso electoral.
Por cierto, se trata de normas que legisladores de izquierda, varios del PRD, que hoy están en Morena, metieron en las reformas electorales subsecuentes a los triunfos de Felipe Calderón y de Enrique Peña Nieto, pero ahora son ellos quienes violan esas mismas reglas que se dieron para ‘emparejar’ las contiendas electorales.
Justo a la inversa del presidente del TEPJF se posicionó la presidenta del INE, Guadalupe Taddei. Ella, el 4 de agosto, en entrevista con el periódico La Jornada, declaró “reforma electoral ante la nueva realidad política”. La entrevista fue usada para intentar defender al INE de las múltiples columnas que señalan que está desaparecido del arbitraje electoral. Pero lo más delicado de la entrevista fue que la titular del INE dejó ver su sentir: ni AMLO ni Morena están mal, es la ley la que hay que corregir (por cierto, es la Ley Electoral que no se puede cambiar sino hasta después de las elecciones presidenciales).
Así, queda claro que los dos más altos funcionarios del arbitraje electoral en México traen versiones diametralmente distintas sobre lo que consideran que es su labor: una quiere cambiar la ley y adecuarla a la realidad, y el otro quiere hacer cumplir la ley a rajatabla.
Como analogía, lo que está pasando es como si el árbitro central de un partido de soccer quisiera silbar bajo las reglas del rugby, y que el otro árbitro responsable, el del VAR, aplique las reglas del soccer. Estamos, pues, ante árbitros que en un mismo juego quieren aplicar reglas muy distintas.
Justo por esta diferencia de “criterios”, López Obrador está casi a diario jalando la liga y violando las leyes electorales. Apuesta a que el TEPJF no se atreverá a anular la elección presidencial y a que el árbitro central le permitirá seguir jugando rugby.
Escenario muy complejo en donde, siguiendo la analogía, todos los servidores públicos, de todos los partidos, y todos los candidatos, también de todos los partidos, están viendo que hay permisibilidad para violar la ley. Si a esto se agrega el interés del crimen organizado en tener un papel cada vez más activo en las contiendas electorales, podemos decir, sin lugar a equivocarnos, que en septiembre va a empezar el proceso electoral más controversial y sin reglas que este país ha vivido desde la creación del INE, en 1990. Ojalá el INE y el TEPJF nos dieran más certeza, desde ahora.
