La jueza veracruzana Angélica Sánchez fue detenida, en dos ocasiones, por dejar en libertad a una persona de nombre Itiel Palacios García, acusado por la Fiscalía de Justicia de Veracruz de ser un capo conocido como el Compa Playa y de haber ordenado el asesinato de un diputado local del PRI en 2019.
La realidad es que la jueza local ordenó la libertad del señor Palacios pues, primero, un juzgado federal y, posteriormente, un Tribunal Colegiado Federal, le solicitaron ponerlo en libertad ante la falta de evidencias de que hubiera participado en un homicidio. A la jueza Sánchez de seguro no le gustó la resolución de los juzgadores federales, y es que ella lo había sentenciado, originalmente, a prisión.
Sin embargo, no le quedaba de otra más que cumplir con las resoluciones federales que señalan que no había pruebas en su contra, además de que en Veracruz se comenta que el verdadero Compa Playa sigue libre y delinquiendo en la frontera con Oaxaca. De no haberlo puesto en libertad, la jueza Sánchez, además de incumplir con la ley, habría arriesgado su cargo al violar sentencias federales, pero poco le importó al gobierno veracruzano y primero la arrestaron en esa entidad —quedando en libertad con un amparo— y luego la volvieron a arrestar en la CDMX y la trasladaron a la prisión de Pancho Viejo, en Veracruz.
El gobernador, Cuitláhuac García, se ufana de burlarse de la justicia. Va un breve recuento: 1) cuando sus policías metieron a la cárcel a cientos de veracruzanos por un delito muy subjetivo —el de “ultrajes a la autoridad”—, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) lo declaró inconstitucional. El gobernador se ha resistido a acatar la resolución. En tanto, en la página del Congreso local, el artículo sobre “ultrajes” no aparece derogado y sí, en cambio, en el mismo portal del Congreso emerge una leyenda que dice “los jueces no debieran de ser legisladores”.
2) También, en otra revancha política, se le achacó un homicidio a José Manuel del Río, secretario técnico del Senado de la República. De la misma forma, jueces federales señalaron todo tipo de irregularidades y se ordenó su libertad luego de estar seis meses en prisión. Pero también hubo consecuencias: el Juez (federal) 17 de Distrito en Veracruz, quien giró el amparo fue sujeto a tal grado de amenazas que el Consejo de la Judicatura Federal tuvo que poner a su disposición un coche blindado y escoltas. Al igual que él, los magistrados que confirmaron su decisión recibieron amenazas.
3) El gobernador fue el organizador de una marcha contra la sede central de la SCJN, el pasado 20 de mayo, exigiendo la renuncia de los ministros y llevó ataúdes y provocadores en un ánimo de intimidación (lo que en su estado, por cierto, hubiera calificado de “ultrajes a la autoridad”).
Y, ahora, 4) arresta en la CDMX a la jueza Sánchez, a pesar de tener un amparo que evitaba ser detenida y justo cuando iba a tratar de conseguir una entrevista en la propia SCJN. Todo tipo de autoridades —no nada más las de Morena— están viendo cómo reaccionan los jueces del país y, en particular, el Poder Judicial Federal, cuyas resoluciones, como se ve arriba, son incumplidas o sus jueces hostigados. Y ahora, en el caso de la jueza Sánchez, hay un doble desafío: se habría violado un amparo de un juez federal y se ignoró al defensor público —también vinculado a la SCJN—, quien no pudo ni acercarse a su defendida.
Desde luego que nadie espera que los jueces del país hagan marchas o publiquen desplegados, pero sí que actúen con sentencias y que éstas sean cumplidas. Si no hacen su chamba, no tiene ningún sentido que estén. Son tiempos inéditos, pero se están viviendo en varias partes del mundo. El caso de la jueza Sánchez será un hito en la impartición de justicia y en la relación entre Poderes. Me temo que el PJF y su presidenta se juegan en este caso mucha de su credibilidad, si no es que toda, pues los retos que les ha lanzado el gobernador de Veracruz han ido creciendo y éste piensa que no tendrán ninguna consecuencia. ¿Tendrá razón?
