La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) regresó a sesionar virtualmente y está abordando casos de la mayor relevancia. La semana pasada resolvió un tema toral para la libertad de expresión en medios electrónicos y el lunes de la semana entrante resolverá las acciones de inconstitucionalidad contra la ampliación de plazo que se autoasignó, ya siendo gobernador electo, el actual mandatario de Baja California, Jaime Bonilla, con su mayoría en el Congreso.
Pero, el jueves pasado la Corte tomó una decisión que será fundamental para defender el derecho a la libertad de expresión en México, en momentos en los que varios medios de comunicación están siendo hostigados desde el poder.
El Pleno de la SCJN resolvió la semana pasada que la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión es inconstitucional. Una reforma que se hizo en la administración pasada, dentro del Pacto por México, y cuyo artículo cuestionado fue insertado al proceso legislativo por el PRD. En concreto, la Corte ha señalado que el artículo 223, fracción IX, que permite sancionar a estaciones de radio, TV abierta y TV restringida, por no hacer un “uso correcto del lenguaje”, es equivalente a un acto de censura.
La Corte llegó a esa decisión, pues se violó la Convención Americana de los Derechos Humanos, también debido a que en México, entre otros criterios, no hay una lengua oficial. La mayoría de los ministros dio argumentos para asegurar que la libertad de expresión no sea censurada bajo ningún pretexto y bajo ningún instrumento jurídico. Sentaron, pues, el más poderoso precedente en los últimos años para que los comunicadores, los analistas, la radiodifusión y la prensa en general no puedan ser censurados.
El argumento no sólo es contra las sanciones que pudiera aplicar, discrecionalmente, la Secretaría de Gobernación contra los medios electrónicos que no hagan un “uso correcto del lenguaje”. Ya que, con este precedente, la idea de sancionar a cualquier medio o comunicador por lo que diga, queda claro que el criterio del Poder Judicial de la Federación será no permitir ningún tipo de censura, ni ninguna restricción a la libertad de expresión.
Con esto, la Secretaría de Gobernación no podrá hacer nuevos intentos para sancionar periódicos o a televisoras por lo que dicen o dejan de decir del coronavirus, lo que es una buena noticia.
Incluso, con este criterio se verán favorecidos los canales que transmiten a diario las mañaneras del presidente Andrés Manuel López Obrador: el canal 11 del IPN, el canal 14 del Sistema Público de Radiodifusión del Estado o Milenio TV. Y es que, en sus mañaneras, no hace, como dice la ley en la materia, un “uso correcto del lenguaje”. Ahí está, por ejemplo, que el pasado jueves, en la conferencia matutina, llamó “chombo” o “chombada” a sus opositores, lo que en Tabasco significa zopilotes.
Así que, la Corte, con su decisión, no sólo permite usar los modismos tabasqueños, sino que nos ha dado garantías a todos los que ejercemos el periodismo y la comunicación en México.
De la misma manera, la iniciativa del diputado federal de Morena, Armando Contreras, que en época de emergencia sanitaria pretende que todas las estaciones de radio y TV lleven sólo la línea oficial, se quedará en un mero proyecto, pues de avanzar sería inconstitucional. Ya no podrá continuar ninguna otra ley o reglamento que acote la libertad de expresión, pues los jueces federales tienen ya un criterio a aplicar.
Los efectos de la nueva decisión de la Corte se harán sentir, afortunadamente, por varios años. Hay que decir que el buen proyecto del ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena logró sobrevivir, pues alcanzó el mínimo necesario de votos (seis) de los ministros: Norma Piña, Juan Luis González, Fernando Franco, Javier Laynez y, el voto clave para el desempate, el del presidente Arturo Zaldívar. A ellos les debemos una nueva etapa de libertad de expresión en México.
Ojalá el resto de los ministros, los otros cinco, en lo subsecuente tenga claro que sus criterios impactan más de la litis en curso. Sus decisiones trascienden, pues.
Pero esta mayoría ha sentado un criterio que prevalecerá por los siguientes años y que beneficia a todos los medios de comunicación y a todas las corrientes de expresión. Desde los medios críticos a la 4T, hasta los medios proclives, todos tendrán la garantía de poder decir lo que quieran sin miedo a ser sancionados. Es una gran noticia para el México plural que aspiramos a ser y para los medios del país que, como nunca antes, enfrentan una gran competencia, sin regla alguna, a nivel mundial.
Son, pues, las audiencias las que con responsabilidad tendrán la decisión de a quién escuchan y a quién no. Pero ya no será ninguna autoridad la que define qué se dice, cómo se dice y quién lo dice. Eso es una buena noticia, aún en épocas de pandemia.
Twitter: @JTejado
