No hay precedente reciente de las muchas presiones que está recibiendo la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN): el Presidente la ataca mediáticamente prácticamente a diario; Pablo Gómez, jefe de la Unidad de Inteligencia Financiera, hace pública información oficial para intentar golpear a funcionarios judiciales; el coordinador de los senadores de Morena, Ricardo Monreal, “revela” las envidiables prestaciones de los ministros; el presidente del Senado, Alejandro Armenta, presenta iniciativas para debilitarla y exhibe conversaciones privadas con la ministra presidenta; el presidente de la Junta de Coordinación Política de los diputados, Ignacio Mier, presenta una iniciativa para quitar a toda la actual Corte y elegirla por consulta popular y, por último, el gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García, organiza un show (procesión funeraria) para intentar amedrentar a los ministros.
Así, todo el oficialismo está atacando a la Corte, ya sea por instrucciones o para halagar a AMLO, y mucho me temo que estos ataques son apenas el principio. Cuando reinicien las labores del Congreso vamos a ver muchas más iniciativas contra el Poder Judicial Federal (PJF) y, sobre todo, su presupuesto de 78 mil millones de pesos y sus fideicomisos con poco más de 20 mil millones, serán blancos del ataque oficial. Y es que, para reducir ambos, Morena y sus aliados cuentan con los votos suficientes.
La SCJN es un poder equilibrador y en los últimos años su capacidad para hacer respetar la ley ha sido puesta a prueba con resultados positivos por la mayoría de los ministros, pero el Presidente más poderoso que México ha tenido en cien años sencillamente no quiere contrapesos de ningún tipo y la SCJN es un obstáculo para la ejecución de sus planes de gobierno. Es también la única institución oficial de los Poderes de la Unión y de los muchos organismos autónomos que no se controla desde el gobierno. La SCJN es sencillamente el último bastión de independencia frente a la 4T y por ello el embate está a todo contra ellos.
La duda es cómo va a enfrentar todo esto la titular del PJF, la ministra Norma Piña. Ella es una jueza de carrera, firme y valiente, que incluso propuso declarar inconstitucional la prisión preventiva oficiosa, pero nadie sabe cómo va a lidiar con la actual crisis que enfrenta. Las expectativas de ella crecieron cuando pareció que, en una señal de distanciamiento, no se levantó de su asiento a la llegada de López Obrador en el aniversario de la Constitución. Luego de éste y algunas sentencias que molestaron al gobierno, ya no invitan a nadie del PJF a los eventos oficiales, siendo el aniversario de la Batalla de Puebla, el pasado 5 de mayo, el primero en que ya no fueron convocados.
Pero la ministra ha tenido errores que pudieron costarle mucho al PJF: al evento en que ella recibió, en Marruecos, un premio de Derechos Humanos, asistieron varias decenas de juzgadoras federales, quienes postearon en sus perfiles fotografías como si fuera un mundial de futbol, celebrando desde Marrakech. Horas después, las cuentas de las juzgadoras borrarían las fotos, pero los testigos quedaron y varias de ellas asistieron a esta celebración con recursos públicos. También fue desafortunado el intercambio de mensajes por WhatsApp con el presidente del Senado y la explicación de la ministra en una hoja sin membrete.
El PJF está por entrar a una batalla donde se juegan su capacidad para arbitrar conflictos de Estado y, no menor, los recursos para asegurar que sus integrantes tengan la posibilidad de trabajar con apoyos y poder vivir dignamente, incluso durante su retiro. Quitarle recursos al PJF hará que sus funcionarios más capaces abandonen el servicio público y que quienes queden puedan ser fácilmente cooptados por las partes litigantes (tanto actores oficiales como privados).
Le deseamos suerte a la SCJN en la batalla que se le avecina. Estará peleando contra una probada y eficiente maquinaria de intimidación que controla y sabe usar los aparatos del Estado a su disposición y que también ha optado por “calentar” el ambiente en las calles. Sencillamente, al PJF ya se le agotó el margen de error que tenía. Ojalá que tenga éxito, pues siempre es mejor tener contrapesos, al amparo de las leyes, que a una persona tomando decisiones a criterio.
