El gobierno federal ha publicado y empezado a posicionar su reforma eléctrica. Para ello, ha dedicado varias mañaneras, ha pautado spots de TV y la secretaria de Energía , Rocío Nahle, da entrevistas para vender su modelo al sector energético.
En los varios mensajes oficiales, los discursos a la población son dos: por un lado, dicen que van a regresar la electricidad que nos robaron y que no subirán el precio. Por el otro, argumentan que varias empresas son corruptas y tienen arreglos indebidos. Entre estas exhiben como “abusivas” a Oxxo, Coca-Cola, Tec de Monterrey (FEMSA); Walmart; Domino’s, Starbucks, Chili’s, Burger King (Alsea); Movistar; Grupo Salinas; Telmex, Telcel, Sanborns, Sears (Grupo Carso); HSBC; 7-Eleven y Cinemex, entre otras.
Las empresas no han logrado posicionar una narrativa propia. Hasta ahora han callado y las cámaras empresariales que han mandado a defenderlas, como el Consejo Coordinador Empresarial , el Consejo Mexicano de Negocios y la Coparmex han sacado comunicados que no han tenido mayor eco. Desde luego, pudiendo hacerlo, ni las empresas ni dichas cámaras están dando entrevistas y, mucho menos, tienen una campaña de spots en radio o TV para contrarrestar al gobierno. Así, han dejado de contar que una mala reforma encarecerá la electricidad y, por ende, los costos de todo lo que producen. Pero la iniciativa privada (IP) tampoco cuenta lo que quizá es lo más negativo de la reforma: que hace nugatorias muchas inversiones que ya han hecho las empresas.
Si el empresariado no sale a contar su narrativa de los temas, parece difícil que los legisladores de oposición quieran debatir para proteger una visión de la IP que ni ésta se atreve a defender.
Una muestra del miedo que tiene la IP para actuar la atestiguó el PAN este fin de semana, cuando su presidente Marko Cortés grababa spots para rechazar la reforma eléctrica en una empresa que genera electricidad. Para sorpresa del equipo de producción, la compañía pidió que ni por asomo se identificara la zona geográfica del país en donde estaban. No querían que su identidad fuera revelada. Ahí le quedó claro a Acción Nacional que las empresas tienen miedo, pero si no “aparecen” y dan sus argumentos, la única narrativa que quedará será la oficial y, frente al electorado, el PRI , PAN y PRD tendrán dificultad en justificar su voto en contra.
Incluso, la narrativa oficial está plagada de errores técnicos, pero al no tener contraparte en lo mediático, no tiene costo alguno dar información falsa en esas presentaciones.
Llegó el momento de definir qué tipo de país queremos. Mientras el Presidente y sus aliados están poniendo una narrativa dirigida a la clase media, la oposición y la IP están enfrascadas en una discusión tras bambalinas sobre qué le toca hacer a cada parte y quién sale primero, sin que hasta ahora haya acuerdos.
Los foros que hará el Congreso de la Unión la siguiente semana, para analizar la reforma eléctrica, son una oportunidad para definir el camino que tomará el país. La 4T trae claridad de rumbo, aventaja en la narrativa, y mediciones en medios digitales dejan ver que ya la mitad de la población ve con buenos ojos su polémica reforma.
La IP aún tiene tiempo, aunque cada vez menos, para organizarse. De lo que suceda en los foros de análisis en la Cámara de Diputados y de cómo el electorado valore las posiciones a favor y en contra de la reforma, resultará en cómo se mueven los votos.
Curiosamente, tan taimada ha sido la posición del empresariado que, aunque en un principio se veía inviable avanzar una reforma eléctrica, ahora hay una posibilidad de que sí suceda. La IP tiene que vencer sus miedos, o la reforma de la 4T está cerca de convertirse en una realidad.