Hasta ahora, el mayor número de litigios estratégicos contra un proyecto presidencial de Andrés Manuel López Obrador ha sido la construcción del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA ), enfrentando más de 147. Entre los que se ampararon se ubican Causa en Común, la Comisión Mexicana de Derechos Humanos, la Coparmex, el Consejo General de la Abogacía Mexicana, Mexicanos Contra la Corrupción y México Unido Contra la Delincuencia. Estos litigios no se resolvieron hasta que del Consejo de la Judicatura Federal (CJF) se articuló a un solo juzgado para que los acumulara todos. Esto ayudó a unificar criterios, pero en buena medida el argumento que permitió construir el AIFA fue un tema de “seguridad nacional”. Y es que el aeropuerto del AIFA, en buena medida, sería construido en el predio que ocupaba la base aérea militar número 1 de Santa Lucía.
Sin embargo, la cantidad de litigios que ya hay y van a venir sobre las seis leyes que conforman el Plan B electoral del presidente Andrés Manuel López Obrador y sus partidos afines pinta para ser el conflicto judicial más grande en lo que va de esta administración. Habrá litigio de los partidos políticos (PAN, PRI, MC y PRD) , de las minorías en el Congreso, del Consejo General del INE , del secretario ejecutivo del INE, de los cientos de empleados electorales que las reformas cesan y ahora sabemos que hasta de agrupaciones y ciudadanos que sienten vulnerados sus derechos político-electorales.
Además, los litigios se van a desarrollar en varias instancias: en la Suprema Corte , en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en juzgados de distrito en materia administrativa y, como novedad, hasta se tiene previsto interponer juicios laborales, a pesar de que el INE no tenía sindicato, pues hay ya varios criterios judiciales que pueden usar los funcionarios del servicio electoral para proteger sus derechos.
Si desde el CJF no agrupan los litigios en unos cuantos juzgados, lo que parece que no va a ocurrir, dada la libertad de criterio y jurisdicción que se perfila desde la presidencia de la Corte, la cantidad de litigios que tendrá que atender el Ejecutivo federal, su mayoría en el Congreso y la FGR, será enorme, lo que dará un resultado incierto, máxime que en esta administración las capacidades jurídicas se han visto mermadas ante las reducciones salariales y la rotación de personal.
Todos los litigios y la defensa que haga el Ejecutivo tienen como meta el 2 de junio de 2023. Las leyes que para esa fecha estén vigentes serán las que se quedarán para el proceso electoral presidencial de 2024 , pues la Constitución establece que las leyes electorales no se pueden cambiar 90 días antes del inicio del proceso electoral en cuestión. Un viejo y sabio artículo de la Constitución, el Art. 105, evitó que en el priato se cambiaran las reglas a modo en cada elección.
La semana entrante empezaremos a ver cómo se dan los múltiples litigios y si los juzgadores federales deciden dar suspensiones sobre el Plan B. Serán tiempos inauditos para la abogacía, pero mientras se resuelven, habrá mucha incertidumbre. Será, ante todo, tiempo para probar qué tan sólidas son las instituciones. Lo que viene no es un tema menor y generará mucha tensión entre los tres poderes de la Unión. Para tener una probadita de cómo están las cosas, habrá que ver los discursos del próximo 5 de febrero, que desde Querétaro darán los titulares de la Corte y el Ejecutivo, en el Aniversario 106 de nuestra Constitución.
Cambiando de tema. En la coyuntura arriba descrita, la plataforma Latinus estrenará esta semana programas noticiosos y ya no sólo editoriales. Se suman, pues, a una tendencia creciente en México y el mundo: el de la programación vía internet. Qué bueno que haya más opciones para tratar de entender, desde varios prismas, lo que está sucediendo en el país. N+media es otra opción que va creciendo rápidamente con buena programación y extraordinarios programas de sátira política. En la radio y en los medios impresos también vienen ajustes que cambiarán radicalmente el panorama informativo actual.
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