La semana pasada la bancada oficialista —Morena, PT y PVEM—, sin un solo voto de la oposición, aprobó en la Cámara de Diputados una nueva norma: la ley federal de juicio político. En ésta se dan las reglas para quitar el fuero a los servidores públicos y facilitar el meterlos a la cárcel, pero estos cambios traen maña para poder perseguir a los opositores de la 4T.
Primero, se hizo un trato diferenciado entre los titulares de los poderes ejecutivos: mientras que para desaforar al Presidente de la República (Ejecutivo federal) se requiere de una mayoría calificada (dos terceras partes de los votos), para desaforar a los gobernadores (Ejecutivos locales) solamente se necesita de una mayoría simple (mitad de los votos). Así, a estos últimos se les podrá desaforar fácilmente por parte de la 4T, mientras que al Presidente no habrá manera de hacerlo sin el aval de su partido.
Segundo, a los gobernadores se les pretende reducir la protección que les da su Constitución local, pues ahora la nueva ley señala que los congresos locales tendrán que obedecer lo decretado en el desafuero que hagan los diputados. Con ello, tratan de limitar el reconocimiento que tribunales federales han dado para que los congresos locales homologuen, o no, un desafuero hecho en la Cámara de Diputados. Tal y como ayer reiteró el Primer Tribunal Colegiado. Se trata pues de tener mayor margen para remover a gobernadores incomodos desde el bloque oficial.
Tercero, aumenta el número de integrantes de la comisión que procesa los desafueros: de cuatro pasa a cinco, pero el bloque oficialista tendrá tres de esos lugares, y sin los votos de Morena, PT y PVEM nada podrá avanzar. En cambio, aún con los votos en contra de la oposición (PRI, PAN, PRD y MC), podrán quitar el fuero a los suyos.
Así, claramente las nuevas reglas están siendo cambiadas para facilitar meter a la cárcel a los opositores, ya sean legisladores o gobernadores, y por otro lado, proteger a los funcionarios de la 4T. ¿Qué falta para concretar esta polémica ley? Sólo que la apruebe el Senado, lo que al parecer sucederá hoy.
Con estos cambios, el oficialismo parece tener en la mira al gobernador Francisco García Cabeza de Vaca (Tampaulipas, PAN), ya acusado por la FGR, y al diputado Ildefonso Guajardo (Nuevo León, PRI), también acusado e incluso vinculado a proceso penal por un juez federal. Y los que decidan sumar.
Mientras tanto, tal parece que estar relacionado con la 4T da inmunidad. Ahí están los casos de: 1) Yeidckol Polevnsky (Morena), denunciada e investigada por malversar 398 millones de pesos de fondos públicos. La denunció el exdiputado Alfonso Ramírez Cuellar. El INE y la FGR ya investigan; y 2) Alberto Anaya (PT), de quien el INE encontró la semana pasada que su esposa triangulaba desde sus cuentas recursos del gobierno de Nuevo León al partido que él dirige. Cuando menos 59 millones fueron a parar a la cuentas del PT en esta modalidad, pero su esposa recibió más de 260 millones para supuestamente avanzar estancias infantiles.
Ambas personalidades, afines a la 4T, desde la semana pasada, ya cuentan con fuero como diputados federales y, con las nuevas reglas, parecen más intocables que nunca.
Sería deseable que todos los políticos con señalamientos de corrupción pudieran enfrentar a la justicia y probar su inocencia, pero al parecer esta ‘oportunidad’ sólo la están recibiendo los opositores de la 4T. Veremos pronto qué tan pareja es la procuración de justicia en México. Al parecer, no mucho. Ojalá me equivoque, pues, no castigar actos de corrupción de los vinculados a la 4T sería acabar con una de las mayores propuestas del Presidente, pero abrir la puerta para perseguir sólo a opositores nos llevará a un retroceso lamentable.
Twitter: @JTejado
