El presidente de la República hace un esfuerzo, casi a cada semana, por mostrarse empático con el empresariado y avanzar en la concreción de inversiones pactadas por 35 mil millones de dólares para 2020-21, según informó el Consejo Coordinador Empresarial. También, vía la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, está manteniendo un perfil conservador en temas macroeconómicos.
Él lo hace pues sabe que sin los recursos de la iniciativa privada el país no crecerá y tampoco se generarán los empleos que necesitan decenas de miles de jóvenes que, año con año, van ingresando al mercado laboral. También lo hace, seguramente, pues sabe que la cancelación de la obra más importante en el país, la del aeropuerto en Texcoco, fue un tema más político que económico y busca recuperar la confianza de los inversionistas, incluso pagando todo lo que habían construido y contratado en lo que iba a ser el NAIM.
Además, ya desde el extranjero llegan mensajes que obligan al Presidente a concretar la inversión privada, nacional y extranjera, en México. El Fondo Monetario Internacional (FMI) ayer redujo la perspectiva de crecimiento de nuestro país para este 2020. Señala que apenas creceremos 1%. Y la consultoría internacional PwC divulgó su encuesta sobre los mercados más atractivos para invertir y en los 10 primeros lugares ya no aparece México, país que durante años estuvo en la posición 9, ahora rebasándonos Brasil y Canadá.
Así, con estos mensajes desde el extranjero, el Presidente busca que la iniciativa privada invierta y genere mejores condiciones. Pero el empresariado parece no confiarse, como lo dijo la directora del Consejo de Empresas Globales, Claudia Jañez, al señalar que el cambio de reglas que vive el país no genera condiciones de inversión. Una declaración sincera de un grupo que representa 10% del PIB nacional, es decir, 124.1 mil millones de dólares.
Y es que cada semana aparecen nubarrones en el panorama que confunden, que generan incertidumbre y, derivado de ellos, con razón los bancos y los fondos de inversión desaconsejan invertir en México. Nada más veamos tres noticias de los últimos días:
a) Cárcel por cualquier cosa: Se filtran iniciativas que se presentarían ante el Senado de la República, en un evento que por ley estaba planeado con meses de antelación, al cumplir un año de existir la Fiscalía General de la República. Los textos, todos, de corte autoritario. Con ello, facilitando meter a la cárcel a cualquier persona —incluidos hasta los jueces federales— y, en temas fiscales, da al empresariado un trato similar al de la delincuencia organizada. Nadie ha asumido la paternidad de éstas. Tampoco se sabe quién las filtró y con qué motivos, pero fue tal el daño reputacional que le hicieron al gobierno, que el Presidente tuvo que aclarar en la mañanera de ayer que desconocía el tema y que no era la intención restringir libertades y garantías. Sin embargo, mientras se presentan las iniciativas formales creció innecesariamente la incertidumbre en los sectores académicos, financieros y legales.
b) Prohibido ampararse contra obras: También han causado incertidumbre los dichos de la bancada de Morena en el Senado, con los que impulsa cambios a la Constitución y varias leyes para que particulares no puedan impugnar obras federales. Lo que parece de igual forma una reducción de libertades a particulares y empresas. Con ello, éstas no podrían hacer nada si el gobierno les quiere construir cualquier cosa frente a su casa o negocio. En lugar del gobierno tener buenos litigantes, la ruta fácil es aumentar las prohibiciones a los particulares. Parece una medida excesiva.
c) Cobros de agua por colonias: Finalmente, resultó polémico el decreto de la CDMX para cobrar a 165 colonias (de mil 812) 35% más por el consumo de agua. La medida no es racional, ni progresiva, pues el cobro adicional se da por colonias, las de la clase media-alta y alta, no por consumo. ¿Por qué una casa que en cualquier colonia gasta más de 60 mil litros al bimestre va a pagar menos que otra que gastó lo mismo en la Guadalupe Inn o en la Nápoles? La CDMX ha convertido el tema de los cobros de agua en uno de código postal, en algo clasista, cuando debería ser un asunto de estricto consumo para todos ahorrar agua.
Los impuestos, por ejemplo, son progresivos: mientras más ganas, te aplica una tasa más alta. Pero para el cobro del agua, se decidió dividir a las familias por colonia, no por consumo, lo que parece arbitrario. Además, se manda el mensaje a residentes de que, justo por vivir en esas colonias, tendrán un trato discriminatorio. Hoy es el agua, mañana podrían ser los impuestos o las herencias, con lo que se afecta la certeza para los residentes de las zonas que en buena medida generan inversiones en la CDMX y en el país.
Así, con los ejemplos arriba señalados, de los cuales sólo el último ha entrado en vigor, el Presidente tiene que luchar a diario, incluso corregir, las ocurrencias de entes federales y locales, todos vinculados a su partido, que se dan en todos los sectores: en el fiscal, energético, laboral, en licitaciones públicas, en el sector farmacéutico, en las telecomunicaciones, etcétera.
Valdría la pena que las distintas autoridades del país se coordinaran mejor y fijaran como meta el crecer más, mejor y con equidad, y desechar toda ocurrencia que no sirva para ello. En juego están las elecciones de 2021 pero, sobre todo, la necesidad de generar empleos para decenas, para cientos de miles de familias.
Por más ganas que el Presidente le eche a su relación con los empresarios, las iniciativas de sus cercanos le dan pretexto al empresariado para incumplir y le dan credibilidad a las pobres metas que pronostica el FMI.
