Entre la fuente periodística y en la mañanera han causado revuelo los señalamientos sobre si el actual gobierno espía a periodistas. Hoy sabemos que el anterior gobierno federal, el de Enrique Peña Nieto, tenía un andamiaje institucional con Pegasus para espiar a opositores, activistas y periodistas. Entre ellos, al actual Presidente y su círculo familiar. De todo este espionaje falta ver si habrá consecuencias, pero por lo pronto, sabemos que hay intención en la próxima Legislatura de crear una comisión investigadora.
Y, ¿qué pasa en el actual gobierno? Luego de que escribiera que desde la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) se había pedido, ilegalmente, información sobre varios periodistas que habíamos escrito en contra del nuevo padrón de telefonía móvil que se quiere implementar —justo por los riesgos a la privacidad y datos biométricos—, el Presidente de la República negó tajantemente que se espíe a periodistas. Incluso, en un par de conferencias, llamó “mentirosos” a quienes escribimos sobre el tema.
No dudo que el Presidente hable con su verdad. Y, desde luego, tampoco creo que con todo el espionaje y actos autoritarios que él ha padecido a lo largo de su carrera opositora, haya ordenado espiar a periodistas. Yo le creo. Pero vale la pena que revisen bien los archivos oficiales, o incluso que se cree una comisión investigadora independiente. De lo contrario, la realidad les va a alcanzar, como ahora le sucede al anterior gobierno peñista y a sus agencias de seguridad.
Y es que EL UNIVERSAL, con base en la Ley de Transparencia, y tratando de indagar sobre el espionaje a periodistas, el 16 de julio publicó dos respuestas oficiales: la que le dio la SSPC en la que se declara “incompetente” para responder si hace espionaje a periodistas, lo que significa que no niegan, ni aceptan. Reveladora respuesta.
Y también está lo que respondió el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) en el folio 0410000008721, donde se señala que sólo se genera “inteligencia vinculada a fenómenos declarados como riesgos y/o amenazas a la seguridad nacional”.
Y pues resulta que en un memorándum titulado ‘Agenda Nacional de Riesgos (ANR) 2019’ y que fue entregado de manera clasificada a la Comisión Bicameral de Seguridad Nacional del Congreso de la Unión, se establece que la “difusión de noticias falsas” es un riesgo para la seguridad nacional. Al poner este rubro en la agenda de riesgos, el gobierno federal construyó un andamiaje para espiar a medios y periodistas. Y basta con ver la mañanera o los programas de la TV pública para saber que una gran cantidad de medios y periodistas han sido tachados como emisores de “noticias falsas”.
El que las “noticias falsas” estén en un documento entregado como de seguridad nacional es sorprendente por sí mismo. Elevan este rubro al nivel de la inseguridad pública, la subversión, el terrorismo, los flujos migratorios descontrolados y la corrupción.
Pero también sorprende, pues la Ley de Seguridad Nacional, en su artículo 5°, es expresa sobre cuáles son los riesgos para la seguridad. Y en la ANR adicionaron la “difusión de noticias falsas” sin sustento alguno.
El amplio documento que tengo en mi poder, que es el último entregado al Congreso formalmente, no es publicable, pues contiene sellos de seguridad que revelarían la fuente y le repercutirían sanciones, al estar clasificado como de seguridad nacional. En caso de que se requiera, estaría dispuesto a que lo vea un juez federal y que declare a quienes lo presentaron y lo conocieron en la Comisión Bicameral.
Creo que el gobierno federal debe revisar con cuidado qué se ha hecho y quiénes lo han hecho. En particular, el área de Comunicación de Presidencia y la SSPC que están, en este rubro de la ANR, identificadas como las instituciones responsables a ejecutar líneas de acción. Luego no se vayan a sorprender de que, sin las autorizaciones debidas, había unidades espiando a medios y periodistas, con base en una agenda nacional de riesgos a la seguridad.
Cambiando de tema:
Curiosamente, en la ANR no viene el narcotráfico como un riesgo para el país. Luego de lo que ha pasado en varias ciudades y del video lanzado ayer contra varios medios y la periodista Azucena Uresti, bien valdría la pena replantear esta agenda.
Twitter: @JTejado
