Este fin de semana se anunció que la Fiscalía General de la República (FGR) obtuvo siete órdenes de aprehensión contra exfuncionarios del sexenio de Felipe Calderón, que habrían participado en la operación ‘Rápido y furioso’, operativo encubierto de 2009, liderado por la Agencia de Armas de Fuego y Explosivos (ATF) de Estados Unidos, para traficar más de 2 mil armas de grueso calibre hacia México y ver su flujo entre los grupos criminales en nuestro país.
Derivado del operativo se dieron algunos arrestos y homicidios en ambos países atribuidos a esas armas, lo que hizo que el operativo se calificara, por el entonces procurador de EU, Eric Holder, como “errado en su diseño y ejecución”.
Por este tema, el Congreso de EU le pasó la factura a Holder, señalándolo de desacato, a tal grado que tuvo que intervenir el entonces presidente Barack Obama para evitar que se entregara información pormenorizada del operativo. En las audiencias en aquel país, la ATF declaró que las autoridades mexicanas sí supieron de antemano del operativo, lo que ratificó el canciller Marcelo Ebrard en mayo de 2020.
Ya en el presente, las órdenes de aprehensión giradas apenas la semana pasada involucran a quien era el secretario de Seguridad y al jefe de inteligencia de la extinta Policía Federal, respectivamente, Genaro García Luna y Luis Cárdenas Palomino, en la época del presidente Felipe Calderón. Las otras cinco órdenes giradas son contra exfuncionarios de nivel intermedio de dependencias de seguridad y procuración de justicia, también de aquella época.
Es evidente que la intención de la FGR es llevar este “viejo” caso a sus últimas consecuencias. Y los dos funcionarios que seguirían en la estrategia trazada son el entonces procurador General, Eduardo Medina Mora, y el expresidente Calderón.
Además de lo que la FGR tenga en su investigación, no se requiere una “bola de cristal” para darse cuenta de que se espera que los siete procesados –dos de ellos ya detenidos- se conviertan en testigos colaboradores y, para lograr un “criterio de oportunidad”, tengan que delatar al exprocurador y al expresidente. Dada la coyuntura de la revocación de mandato (abril de este año) y la tentativa de consulta pública para enjuiciar a expresidentes, el inicio de este proceso penal sirve en varios frentes.
Desde luego, deben rendir cuentas quienes autorizaron y/o hicieron un operativo que causó la pérdida de vidas inocentes, pero habrá que evaluar los grados de conocimiento/involucramiento de cada funcionario.
Para México y su “combate” al crimen organizado, esta decisión puede venir en un mal momento, pues a raíz de ella todos los responsables de seguridad en el país van a tener pocos incentivos para innovar en métodos y operaciones para combatir a una delincuencia que se encuentra rampante y en control de una creciente parte del territorio nacional. Y, mucho menos, van a querer cooperar con las agencias de seguridad de EU.
Finalmente, este caso revive en momentos en que hay sospechas de que varios funcionarios de primer nivel tienen pactos con organizaciones delincuenciales. Ahí están el caso del gobernador de Morelos, posando con tres narcotraficantes en condiciones muy cuestionables; el secretario general de gobierno de Veracruz, señalado por un presunto sobrino e interrogado por un cártel de proveer armas y apoyos a un cartel rival, y, lo que se comenta en Guerrero, de que las tres casetas tomadas a Capufe, en la Autopista del Sol, por supuestos estudiantes de la normal de Ayotzinapa, es algo pactado con el senador por Guerrero y padre de la gobernadora actual.
Por lo pronto, seguiremos con las interrogantes de cuándo el Estado mexicano hará frente al crimen organizado y si la búsqueda de responsables de eventos criminales del pasado ayuda o complica a tener en el futuro justicia en nuestro país. ¿Usted qué opina?
