Todo apunta a que el Congreso de mayoría oficialista (Morena, PT y PVEM) va a avanzar en la reducción de los fideicomisos del Federal (PJF) por un monto de unos 14 mil millones de pesos, dejando en éstos la cantidad de 5 mil millones. A partir de que este nuevo texto legal sea firmado por el Presidente de la República y se publique en el Diario Oficial, van a empezar a correr los siguientes escenarios:

1.- Acción de Inconstitucionalidad (AI): una tercera parte de la Cámara de Diputados o de la Cámara de Senadores podrá presentar un litigio ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). En este litigio, la “minoría” inconforme con la constitucionalidad de la ley que extingue los fideicomisos podrá pedir una suspensión, con lo que frenaría de inmediato el traslado de los recursos del PJF a la Tesorería de la Federación. Meses después, se emitirá un fallo que requiere de ocho votos para declarar inconstitucional el .

Digamos que en este escenario se requiere de buena parte de la oposición para presentar el recurso, pero al parecer eso ya está pactado. El resultado de la AI da ciertos elementos de seguridad al PJF de que van a frenar la medida, pero convierte a la SCJN en juez y parte, lo que tiene sus riesgos mediáticos y políticos.

2.- Presupuesto 2024: el Presupuesto de Egresos de la Federación se empieza a discutir en noviembre: incluye todos los recursos que el Ejecutivo federal, el Legislativo y el PJF pueden gastar el año entrante. Si la SCJN da la suspensión y evita que el Ejecutivo “jale” los recursos de sus fideicomisos, el revire natural de la mayoría morenista será castigar de más el presupuesto del PJF para 2024. Digamos que, si el recorte anual, como se ha dicho en algunos medios, ronda 13 mil millones de pesos, es probable que el ajuste lo hagan de 28 mil millones. Esto es la suma del recorte presupuestario más los 15 mil millones de los fideicomisos. Así, el Ejecutivo le quita al y obliga a que, para poder operar, tenga que consumir los recursos en sus fideicomisos.

Esta operación “gandallezca” tendría como soporte lo que la Cámara de Diputados le hizo al INE en 2022 y 2023, en donde cada año le quitó poco más de 4 mil millones de pesos. Este retiro presupuestal al INE lo avaló la SCJN en la controversia constitucional #261/2023, que aprobó hacer recortes presupuestales y que solamente debían justificarse, lo que, por cierto, no se ha hecho, pero al INE le quitaron un total de 9.3 mil millones de pesos en los últimos dos años.

El PJF, previendo este escenario, ayer votó , a manera de presión, hasta el 15 de noviembre, fecha límite en la que debe aprobarse el Presupuesto para 2024; así, no habría juzgados federales durante un mes, algo nunca visto. Además, es algo atípico, pues las leyes prohíben que haya huelgas en el PJF. Así que los jueces y demás personal del PJF están dejando de trabajar con un acuerdo discrecional de la SCJN que se los permite, pero al mismo tiempo les siguen pagando. De irse a esta huelga hasta el 15 de noviembre para proteger sus fideicomisos y presupuesto, estarían prácticamente secuestrando la justicia en el país, algo que nunca se ha hecho y podría ser riesgoso.

3.- Diálogo: me parece que la opción que más conviene es un diálogo entre Poderes y buscar consensos. No es suficiente que los ministros digan que sus fideicomisos son legales, sin pruebas claras de ello, como tampoco es suficiente que AMLO diga que los fideicomisos ahora serán aplicados para becas, sin dar mayores explicaciones.

Con lo arriba escrito, sólo trato de mostrar lo complicadas que están las cosas y que esta lucha entre Poderes de la Unión va a poner a todo México en una situación de crisis sin paralelo.

Ojalá haya prudencia en las partes, pues los y las decenas de miles de empresas que buscan justicia y que ni siquiera pueden ingresar sus demandas o conocer resoluciones ante una huelga en curso, que todo parece indicar que se va a extender. Es un diálogo de sordos, pues.

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