Varios sectores, todos ellos altamente regulados, están teniendo un cambio en sus reglas de operación. En las últimas semanas se ha expedido un reglamento para que 90% de las máquinas electrónicas de los “casinos”, todas aquellas que utilicen el azar, ya no puedan operar al término de sus permisos. Se está amenazando a las empresas ferrocarrileras para que dejen pasar en sus vías concesionadas a trenes de pasajeros. De igual manera, a los operadores de aeropuertos les han cambiado las reglas de la tarifa de uso de aeropuerto (TUA) y a las líneas aéreas les han reducido el número de vuelos desde el AICM, para forzar que se vayan al AIFA, lo que encarece costos.
Así, varios sectores regulados están teniendo un inusitado cambio de reglas en el fin del sexenio. Y, desde luego, en abril del año entrante el gobierno federal ha dicho que en el Congreso se definirá si se reduce el número de días (y horas) laborales. Claro, hay algunos sectores para los cuales sus reglas tienen que cambiar por la evolución de los mercados, y en otros, pues son reglas inservibles. Pero no hay mayores explicaciones del gobierno sobre todos estos cambios. Al contrario, parecería que México se está llenando de incertidumbre.
El caso que pinta más estrambótico para iniciar 2024 es el riesgo regulatorio que están enfrentando todas las empresas aseguradoras del país. El gobierno federal ha decidido que, entre todas, le deben 175 mil millones de pesos. Ya el SAT les ha fincado cobros (liquidaciones) a todas. Algunas aseguradoras han interpuesto juicios ante el Tribunal Fiscal de Justicia Administrativa (TFJA), pero su Sala Superior ha pospuesto una resolución, por lo que todo es incertidumbre.
La historia es que, desde la época de Raquel Buenrostro, en el SAT se detectó que el pago de impuestos de las aseguradoras, tanto por ISR como por IVA, no era acorde al monto de sus ingresos. Con esa información, desde 2019 se preparó una ficha informativa al Presidente de la República y sus fiscalistas se han dado a la tarea de cobrar un monto que se adeuda, a su juicio, producto de evasión fiscal.
Sencillamente, para el SAT las empresas aseguradoras, luego de pagar un siniestro, sólo deben de deducir el monto pagado como principal, pero no deberían deducir el 16% de IVA. Así que el monto que el SAT busca recabar son 175 mil millones de pesos, producto del IVA no pagado desde hace cinco años, más sus actualizaciones. Este monto equivale a lo que iba a costar el NAIM o a la mitad de lo que está costando Dos Bocas. ¡Es mucho dinero, hasta para el gobierno!
Las aseguradoras afectadas son todas, tanto nacionales como extranjeras: HSBC, AIG, Allianz, AXA, Bupa, BBVA, Citi, GMX, El Águila, GNP, etc. Pero las más afectadas, por temas de IVA, son aquellas que dan cobertura para siniestros de vehículos, gastos médicos y daños en propiedad (los seguros de vida no pagan IVA). Aunque el tema está pendiente de resolución en el TFJA, ha escalado a la cúpula de la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros y, la semana pasada, al cabildeo del Consejo Coordinador Empresarial con el Presidente de la República. Y, desde luego, varias embajadas se han sumado a la defensa de las empresas de sus respectivos países. El argumento de la IP es que se están cambiando las reglas que han imperado desde hace 40 años y que en el resto de los países las aseguradoras sí deducen principal e IVA de los impuestos que pagan. Del lado del gobierno les han dicho que pagan mal y que se necesita el dinero.
El efecto de esta incertidumbre en las aseguradoras es que varias están retrasando sus pagos para siniestros relevantes, como el huracán Otis. Sencillamente, no saben cuánto deducir y, ante ello, prefieren ser cautelosas. Pero, en definitiva, un cambio de criterio fiscal afectaría la permanencia de muchas compañías y, seguramente, aumentarían el costo de los seguros a los usuarios.
Puede que el gobierno tenga razón en ajustar algunas reglas a sectores regulados, pero a falta de explicaciones de la autoridad, y ante la ausencia de un debate público, pareciera que buscan sólo recaudar para tapar los agujeros fiscales de la presente administración. Eso con la gravedad de que, ante la incertidumbre, muchas inversiones podrían irse a otros países. Veamos qué sucede.
