El fin de semana estuvieron las dos candidatas presidenciales en Chiapas: Claudia Sheinbaum en la capital, Tuxtla Gutiérrez, y Xóchitl Gálvez en San Lorenzo Zinacantán. El despliegue militar que las escoltaba y que cuidaba las avenidas por donde transitarían era impresionante por el número de elementos de la Guardia Nacional y del Ejército, pero también por el tipo de armamento que portaban. Ambas tuvieron despliegue como si estuvieran en “zona de guerra”, y no es para menos.

En los últimos dos meses han muerto, tan sólo en masacres, 36 personas en Chiapas. Y de enero a abril han sido asesinadas mil 357 personas. Buena parte del territorio ya no es controlado por el gobierno federal, y mucho menos por el estatal. La historia de descomposición total, en Chiapas, empieza hace poco más de dos años, con el establecimiento de 12 cárteles del narcotráfico y migración ilegal. El entonces secretario de Gobernación, Adán Augusto López, minimizó y hasta ocultó en las juntas del gabinete de seguridad federal lo que estaba pasando. Esto para proteger a su cuñado, Rutilio Escandón, todavía gobernador de Chiapas, quien está casado con Rosa Linda López, su hermana.

A su llegada a la Segob, Luisa María Alcalde informó al Presidente la descomposición generalizada en Chiapas, sobre todo en la zona fronteriza con Guatemala. AMLO no quiso intervenir con fuerzas de seguridad en la entidad, pero dado que se piensa “retirar” a vivir en Palenque, Chiapas, al dejar la Presidencia, sólo le interesó asegurar la gobernabilidad en el municipio adyacente de Ocosingo. Esto para que la violencia e inseguridad no se desborden a la zona en donde empezará a radicar en tan sólo cuatro meses.

Por ello, para Ocosingo instruyó el envío de miles de millones de pesos en programas y beneficios sociales. La misión de pacificar Ocosingo le fue asignada, extrañamente, al titular del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, Adelfo Regino Montes. Este funcionario, al más puro estilo de la 4T, instaló hace nueve meses una mesa con funcionarios federales y estatales para repartir dinero, pero nunca más volvió. La mesa hizo fluir los apoyos federales a Ocosingo, llegando a más de 38% de sus pobladores. Además, se destinaron mil millones de pesos a servicios e infraestructura en la comunidad. A pesar de tantos recursos, no se logró nada en Ocosingo. La comunidad no se dejó “sobornar” por el gobierno y siguen sin dejar entrar a la policía estatal y a las fuerzas federales.

En otros municipios de la zona, como Oxchuc, Altamirano y Maravilla Tenejapa, la situación es peor, dadas las matanzas de civiles y militares, el secuestro de sus alcaldes y la ausencia de autoridad alguna. A su vez, Oxchuc, ya controlado por el crimen organizado, estableció retenes y puertas de acero en su acceso principal, para que no puedan ingresar las fuerzas federales. Tal cual, una ciudad medieval.

El ambiente en Chiapas pone en duda que se pueda realizar la próxima jornada electoral en varios distritos. Tan es así, que la oposición ha pedido al INE que atraiga la elección y la haga en lugar del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana del Estado de Chiapas. La oposición tampoco está logrando nombrar representantes de casilla. No es porque les falte dinero para quienes cuidan las casillas, el tema es que están amenazando y/o matando a los representantes de casillas y a funcionarios electorales. Ahí mismo han renunciado 515 candidatos a cargos de elección popular.

La iglesia católica en la zona, que ha convivido por décadas con conflictos armados, guerrillas en Centroamérica y con el zapatismo, está alarmada ante el grado de violencia que ahora se está viviendo.

La estrategia de seguridad del actual gobierno, de “abrazos, no balazos”, tampoco sirvió en Chiapas. El Presidente está tratando de contener la violencia en la zona a donde piensa jubilarse en cuatro meses, pero no lo está logrando. A como van las cosas, tendrá que definir si fortifica Palenque y lo hace un cuartel militar, o si mejor busca otra zona del país para jubilarse. ¿Cuál será?

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