Hay un intenso debate en México y en Estados Unidos sobre cómo lidiar con los cárteles del narcotráfico aquí. Esto, a raíz de su creciente presencia en el país, su cada vez más sofisticado armamento y el amago que hacen de grandes zonas.
Por ejemplo, datos oficiales señalan que el cártel de Jalisco ya tiene presencia en 29 estados, que casi todos los cárteles tienen armas que rivalizan con las del ejército, vehículos blindados al por mayor e incluso drones para tirar granadas a las fuerzas del orden. Es tal su capacidad de fuego que, en la gran mayoría de los casos, mandar a cualquier fuerza policiaca a lidiar con el crimen organizado es equivalente a darle sentencia de muerte.
Ya sólo las Fuerzas Armadas (FFAA) pueden lidiar con el fenómeno de la delincuencia organizada y cada vez lo hacen con más desventaja táctica y de poder en armas de fuego. Desde luego, nuestras FFAA tienen más armamento que cualquier grupo delincuencial, pero no lo usan por dos razones: su comandante, el Presidente Andrés Manuel López Obrador, no lo permite (hay que recordar que está en la estrategia de “abrazos, no balazos”) y las leyes nacionales y el derecho internacional humanitario también ponen límites.
Las restricciones legales inician en que, en México, a los grupos delincuenciales se les clasifica como “civiles armados”. Mientras siga el uso de civiles, la autoridad se amarra las manos. La Ley de Seguridad Nacional, modificada apenas en 2019, no reconoce a los cárteles de la droga como una amenaza a la seguridad. Sí, en cambio, a las organizaciones terroristas. Así, una opción para poder aumentar la capacidad de fuego del Estado contra los cárteles es que en el país se les equipare con organizaciones terroristas, algo que difícilmente aceptará la 4T, a pesar de la violencia y actos de intimidación que ejercen contra la población.
Otra posibilidad que se discute es que el Departamento de Estado de EU designe a uno o varios de los cárteles en el país como organizaciones terroristas (Foreign Terrorist Organizations, FTOs). Esto permitiría que EU hiciera operativos armados contra estos grupos en el territorio nacional.
La posibilidad tiene a nuestras FFAA divididas. Algunos lo ven como una violación inaceptable a la soberanía nacional, posición que comparte el Presidente. Otros avalan ampliar la coordinación con EU en lugar de seguir con 30% del territorio controlado por el crimen organizado. Para esta corriente de pensamiento, la pérdida de soberanía consiste en no controlar el territorio nacional.
Es una posibilidad que EU designe a los cárteles en México como FTOs, dada la amenaza que le representan. Tan es así, que ya se empezaron a dar pasos previos. Líderes de los cárteles mexicanos más relevantes están en la lista de los ocho más buscados por el gobierno de EU: Rafael Caro Quintero, Ismael Zambada, Nemesio Oseguera y Jesús Guzmán, mismos por los que se ofrecen recompensas que van de 10 a 20 millones de dólares.
En este momento no hay ninguna organización que EU haya catalogado como FTO en el continente americano. El listado se centra en grupos radicales islamistas. Pero la inteligencia del gobierno de nuestro país y del de EU también ha empezado a encontrar vínculos entre grupos islamistas y cárteles de la droga en México, particularmente en el sureste.
Difícilmente va a cambiar en los siguientes tres años la política de combate al crimen organizado en México, a pesar del récord de muertos que seguimos acumulando. La duda es, qué pasará primero: si EU nombrará FTOs en México o si las FFAA pedirán cambios al andamiaje legal para lidiar contra los cárteles. Estos son la mayor amenaza, y ni siquiera están contemplados expresamente en las leyes de Seguridad Nacional ni en la de Uso de la Fuerza. El debate es necesario.
