Escuche ayer el comentario de Ciro Gómez Leyva, en Fórmula, respecto al artículo que también ayer publicó, en Reforma, la “analista” Denise Dresser, en el que señala que es sancionada y censurada por sus publicaciones en contra de la diputada Andrea Chávez (Morena). Por cierto, la aguerrida columnista del Reforma ya ni se atrevió a poner el nombre y apellido de la diputada. Así ya su miedo, luego de ser multada y su nombre puesto en un registro de violentadores.
Coincido con ambos periodistas, arriba citados, en que es un despropósito como se usa el tema de la “violencia política de género” (VPG) para intentar acallar a voces críticas. O, peor aún, a voces que cuestionan el actuar de funcionarios y su uso/abuso de recursos públicos. Esta denuncia contra Dresser, junto con la que se hizo en contra de Ricardo Salinas Pliego por sus publicaciones referentes a la senadora Citlali Hernández, sentarán un precedente muy relevante para el periodismo y el régimen de libertades en México una vez que sea resueltas (ambas) en su “fondo” por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).
Pero la denuncia de la diputada Chávez es mucho más amplia y peligrosa de lo que se ha publicado hasta ahora. Denunció a todos los periodistas, a todos los medios y hasta a cibernautas que publicaron cualquier cosa sobre los privilegios que tuvo, como el uso de aviones ejecutivos, y sobre su cercanía y apoyos que habría recibido del entonces secretario de Gobernación y aspirante a “corcholata” presidencial, Adán Augusto López.
Los periodistas sobre los que hay abierto un procedimiento especial sancionador, por la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral del INE, y con número de expediente CG/1056/PEF/70/2023 son: Carlos Loret de Mola (EL UNIVERSAL, Latinus y W Radio), Raymundo Riva Palacio (El Financiero y N+), María Guadalupe Loaeza (Reforma), Fernando Belaunzarán (Excelsior), Lourdes Mendoza (El Financiero), Verónica Malo y Federico Arreola (ambos de SDP Noticias), Hiroshi Takahashi (El Heraldo), José Manuel “Chumel” Torres (YouTube y Fórmula), Nayeli Roldan (Animal Político) y Leopoldo Mendívil (Crónica). Asimismo, contra las legisladoras panistas Lilly Téllez (Senado) y Luisa Adriana Gutiérrez (Congreso CDMX).
Como parte de estas investigaciones y para encontrar domicilios, datos e información sobre periodistas, medios de comunicación y redes sociales, se ha involucrado, además del INE, al Instituto Federal de Telecomunicaciones, a la Dirección General de Investigaciones Cibernéticas y Tecnológicas de la Policía de la CDMX, al Registro Federal de Electores y hasta a empresas privadas como Telcel y Google.
El INE, en lugar de estar organizando elecciones, de por sí complejas, y viendo que no haya abusos de partidos o gobernantes, desde 2020 tiene además la obligación de estar substanciando denuncias de VPG, aunque nunca se había visto una tan amplia y con un ánimo censor de esta naturaleza.
Al parecer, la hoy diputada ahora busca ser senadora por Chihuahua y le es clave censurar este tipo de publicaciones para que no sean tema en las campañas venideras. Con ello, se abusa del concepto original de VPG para darle un fin no deseado: la censura oficial. Es por ello que las decisiones que en estos temas tome próximamente el TEPJF marcarán un derrotero histórico para la libertad de expresión e información en nuestro país.
Me parece que la diputada es una joven inteligente y aguerrida. Podría tener por delante un futuro brillante, pero, estar “regresando” a temas en los que no ha habido explicaciones creíbles y, peor aún, intentar utilizar instrumentos del Estado para acallar críticas es algo irracional, abusivo y, sobre todo, antidemocrático. No se puede dejar pasar, y por ello este artículo. Ojalá y me sume a su amplia denuncia.
“Si nos quitan la libertad de expresión nos quedamos mudos y silenciosos y nos pueden guiar como ovejas al matadero”: George Washington.
