Grupo México, empresa que cotiza en los mercados de Nueva York y de México, llevaba meses negociando con el gobierno federal qué hacer con una vía de tren de 120 kilómetros que recorre el Istmo de Tehuantepec y que serviría para poder hacer realidad un proyecto de la 4T: el Corredor Interoceánico del Istmo, un proyecto que se le ha encomendado a la Secretaría de Marina, pero que, dado su escaso avance, necesitaba de las vías de Grupo México (a través de su filial Ferrosur) para concretarlo. Además, le daría conectividad adicional al emblemático Tren Maya.
Grupo México, ahora sabemos, había solicitado una indemnización al gobierno por 9 mil 500 millones de pesos. El valor tendría una razón de ser: conecta la infraestructura de transportes del corporativo entre el norte y sur del país. Les genera lo que se denomina “integralidad” en una red ferroviaria nacional, pero la cifra solicitada le pareció exorbitante al gobierno y, por ello, el 19 de mayo, el Presidente decretó la “ocupación temporal por causa de utilidad pública” de las citadas vías férreas.
Grupo México ha sido escueto en sus comunicaciones, pero desde la mañanera se le han dedicado horas al tema y se ha ventilado mucha información. En un principio, se señaló que sólo se pagaría, y eso, en su caso, lo que estableciera el avalúo oficial. Sin embargo, luego la narrativa cambió y se señaló que el gobierno no pagaría cantidad alguna por la concesión (del Estado) que estaban “recuperando”. Y aquí es donde, a mi juicio, todo se complica. ¿Por qué?
Si bien un particular puede negociar prácticamente cualquier arreglo con el gobierno, eso no aplica para una empresa que cotiza en los mercados bursátiles. Al tratarse de una “empresa pública”, sus acciones están en miles de inversionistas. La empresa y su directiva están obligados a buscar siempre las mejores condiciones económicas para los inversionistas. De hecho, hay un deber fiduciario para ello. El no hacerlo, y que la acción pierda valor, llevará a litigios contra la empresa y su Consejo de Administración.
En esta línea, que el Presidente haya hecho público que no le pagará nada a Grupo México no le deja a la empresa otro camino que irse al litigio, a menos de que AMLO cambie de opinión, lo que es infrecuente. Si hubiera sido un proceso menos mediático, la litis se centraría en: a) la justificación de la “expropiación”, y b) la indemnización económica (el pago). Pero como el Presidente ha dicho que no habrá pago alguno, deja a los directivos altamente expuestos a litigios en México y, sobre todo, en Estados Unidos, donde hay fondos, como Invesco Developing Markets Fund, que tiene más de 23 mil millones de pesos invertidos en Grupo México… Hace apenas un mes, en un comunicado, señalaba las virtudes de invertir en Grupo México.
El año pasado Grupo México tuvo ingresos por 245 mil millones de pesos. Cualquier disminución atribuida al actuar gubernamental y/o a la ausencia de acciones corporativas puede activar litigios de terceros. Así, de no haber un pago relevante de por medio, parece que Grupo México no tiene otra opción que irse a un litigio para proteger a la misma empresa y a sus directivos de litigios de “zopilotes” (ambulance chasers). Lo comunicado en la mañanera bien puede servirle al Presidente en su narrativa, pero, luego de iniciarse un litigio y con un cambio de administración en puerta, es probable que a los contribuyentes mexicanos les cueste mucho dinero. Lo ideal sería un arreglo; no obstante, éste cada día se ve más complicado y en 15 días vence el plazo para iniciar litigios. La apuesta de AMLO puede ser ganar en el corto plazo y la del corporativo ganar en el largo. Pero habrá incertidumbre y, como dice una frase, en estos casos “sabes en dónde inicias, pero no en dónde acabas”.
Dos acontecimientos mediáticos relevantes: 1) El partido Chivas contra Tigres de este domingo fue visto por 19 millones de personas (con picos de audiencia, en el tiempo extra, de más de 21 millones de personas). Vaya que un buen partido de futbol genera audiencias; y 2) el 6 de junio se presenta, por Las Estrellas, un documental con información inédita sobre el asesinato de Francisco Stanley. Vale la pena verlo por la información que hará pública y las personalidades que decidieron contar
los hechos a 24 años de distancia. Fue el primer choque entre medios de comunicación y un gobierno.