Con inusual rapidez y a dos semanas de que concluya el último periodo de sesiones del Congreso de la Unión, Morena está avanzando una Ley de Amnistía, que pasará mañana al pleno del Senado.
El presidente López Obrador ya tiene facultades para dar dos tipos de “perdones”: desde abril de 2020 puede amnistiar a: madres, doctores y parteras que hayan interrumpido un embarazo (aborto); a personas por delitos menores contra la salud (drogas) y a indígenas que no hayan tenido acceso oportuno a un defensor o un intérprete en procesos penales. Y también puede, desde 2013, dar indulto a cualquier persona sentenciada por delitos del orden federal.
La nueva ley que quieren aprobar prevé que el Presidente pueda amnistiar de manera directa a cualquier persona que aporte elementos útiles para conocer la “verdad de hechos en casos que sean relevantes para el Estado mexicano”, y que dichas personas estén en un proceso penal en cualquier etapa.
Claramente, está pensando perdonar a alguna persona cuya situación no encaje en estas descripciones de “perdones”. ¿En quiénes estará pensando, que quiere cambiar la ley de manera tan expedita? Van tres opciones, que no son excluyentes:
1. Israel Vallarta: lleva 17 años en prisión y AMLO ha dicho que le gustaría indultarlo. En varias mañaneras le encargó el caso a la entonces secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, pero nunca se concretó por el desorden en el gobierno y el exnovio de Florence Cassez aún no tiene una sentencia firme, por lo que no se le puede aplicar el indulto.
La ley que ahora están procesando sí le podría aplicar y el gobierno seguramente buscaría que Vallarta aporte su “verdad” en hechos que le importan mucho al Presidente, pues impactan a dos de las personas que más aborrece: quien lo capturó e hizo un “montaje”, el exsecretario de seguridad federal, Genaro García Luna, y uno de los periodistas que fueron utilizados por el entonces funcionario para dar a conocer la detención de la banda de Los Zodiaco, Carlos Loret. Así, con Vallarta en libertad, AMLO tendría un ariete para avanzar su narrativa mediática y legal. Importará poco que Vallarta tenga seis procesos penales abiertos y que varios secuestrados lo hayan identificado.
2. Hugo López-Gatell: hay varias denuncias penales abiertas contra quien dirigió la estrategia gubernamental contra el Covid-19. Las presentaron familias de los fallecidos. La Fiscalía General de la República trató de desecharlas y cerrar los casos, pero jueces federales han señalado que se le debe investigar. Se le responsabiliza por el exceso de muertes en la pandemia, en una cifra que se calcula en 801 mil más de las proyectadas, según el Inegi.
La ley que quieren votar mañana también le aplicaría, pues cerraría las indagatorias en proceso que ordenó la justicia federal. Eso salvaría a López-Gatell y a todos los integrantes del Consejo de Salubridad que aprobaron su estrategia, y salvaría la reputación del Presidente en una operación gubernamental que, a todas luces, fue ocurrente, desastrosa y letal.
3. Involucrados en el caso Ayotzinapa: AMLO, desde que era candidato en 2018, usó el caso de Ayotzinapa electoralmente y, una vez en el gobierno, prometió resolverlo. Hoy, la relación con las familias y los estudiantes de la normal rural es peor que la que en su momento tuvo el gobierno de Peña Nieto. Este fin de semana los estudiantes amenazaron con un boicot electoral y han dicho que irán contra los eventos de Claudia Sheinbaum. El Presidente está frustrado con los nulos avances de su gobierno en el tema, al grado de que él directamente ya lleva las investigaciones.
Lejos de resolver el caso, este gobierno lo ha enredado y contaminado con pruebas e imputaciones dudosas. La nueva Ley de Amnistía podría liberar a varios delincuentes y no abrir casos penales contra otros, siempre y cuando abonen con su “verdad” en hechos que interesan al Presidente. También con ella, militares podrían contar lo que este gobierno no ha podido probar: un crimen de Estado.
Los tres casos están en la mente y en la narrativa presidencial. Todos los indultos presidenciales, en cualquier país, son polémicos. Pronto sabremos a quién tiene AMLO en mente para avanzar una ley con destinatario y que se puede prestar a abusos, pues pone al Jefe del Ejecutivo como juez supremo.
