Los Diputados han iniciado el proceso de dictaminación de 18 reformas constitucionales que envió el Presidente de la República el pasado mes de febrero. El plan del gobierno actual (y del entrante), ambos de filiación morenista, es aprobar estas reformas, este mes, en Comisiones, para que en septiembre, ya con la nueva Legislatura y su (probable) supermayoría en el Congreso, se tengan las 2/3 partes de los votos en el Pleno para cambiar la Constitución.
Los cambios en la Constitución serían varios y afectando al sector público, pero principalmente al sector privado, nacional y extranjero. Se está proponiendo: cambiar a todos en el Poder Judicial Federal, con lo que hay dudas sobre quiénes mediarán (arbitrarán) los conflictos entre particulares y el gobierno. En Bolivia, en donde ha acontecido un cambio similar al que se propone para México, los fallos judiciales tienden a favorecer los intereses gubernamentales.
También se está proponiendo desaparecer a todos los organismos reguladores del país, bajar el salario a los servidores públicos, cambiar cómo opera el sector minero, cambiar las reglas para las concesiones ferroviarias, las del sector eléctrico y energético, y hasta el marco reglamentario para definir quién y cómo puede ofrecer internet y telefonía. Sencillamente, las reformas tienen el potencial de afectar a prácticamente toda la iniciativa privada y las inversiones que realizan (o pretenden hacer) en el país.
Desde luego que hay mucho margen para llevar a cabo las reformas, mejorar nuestras leyes y la operación del sector público, sobre todo porque el electorado dio un voto mayoritario para diluir lo que se conoce como un “gobierno dividido” (que le sea obstáculo en el Congreso) y para que la próxima Presidenta de México tenga muchos mayores márgenes de acción y decisión que los que han tenido los presidentes de México de los últimos 50 años.
Sin embargo, aunque las condiciones políticas y legislativas están dadas para hacerle una cirugía mayor al Estado Mexicano y cómo éste se relaciona con los particulares, la realidad mundial viene levantando “alertas” que se tienen que leer con cuidado: después de las elecciones, los bonos de México en los mercados internacionales han empezado a pagar un sobrecosto del 13% por la incertidumbre que se ha generado en la parte regulatoria, es decir, nos cuesta más dinero obtener recursos del extranjero; no se han obtenido nuevas inversiones extranjeras este año (sólo reinversiones); el Inegi reporta una caída de 863 mil empleos a junio de este año; y, el peso mexicano es la moneda que ha sufrido la mayor depreciación en los últimos tres meses, con una caída de 14.7%.
Resulta claro que muchos de los datos adversos que estamos viendo son producto de la incertidumbre mundial que pasa por las elecciones en los EU, la crisis en Medio Oriente e incluso la caída de la bolsa nipona, etc., pero justo por ello el gobierno actual y el entrante tienen que escoger con cuidado qué reformas quieren instrumentar y en qué secuencia.
La decisión más anti-iniciativa privada que hizo AMLO fue la cancelación del aeropuerto en Texcoco, pero fue un evento único que no afectó a sectores empresariales enteros y por el cual se pagó todo lo que se había contratado a sus entonces proveedores. Lo que ahora propone AMLO para heredar a su sucesora son cambios que afectarían a todos los sectores productivos y empresariales del país y, desde luego, también la calidad de los servidores públicos que tendríamos en México.
Así que, si bien a partir del 1 de septiembre, el Congreso de la Unión será de súper mayoría morenista y podrá hacer los cambios legales que quiera, me parece que tiene que escoger bien la profundidad y secuencia de éstos para no afectar las posibilidades de éxito del nuevo gobierno en cuanto a generación de inversiones, crecimiento del empleo y manejo de la deuda del sector público, a efecto de evitar que su costo siga creciendo.
En pocas palabras, en estos momentos el Congreso es una “pistola” cargada y lista para ser disparada. El daño que puede hacer es tremendo. Hay la posibilidad de destruir sectores completos de la economía nacional y no habrá Suprema Corte ni jueces que frenen exceso alguno. Pero esos “disparos” también pueden “matar” cualquier posibilidad de éxito del siguiente gobierno frente a la fragilidad de las condiciones económicas mundiales.
En resumidas cuentas, la próxima Presidenta tendrá condiciones inmejorables en lo nacional para impulsar su agenda. Es el contexto internacional lo que se le puede complicar. Ello va a exigir prudencia.
X: @JTejado
