Hoy pagamos el precio de la irresponsabilidad: una reforma que es un desastre jurídico, social y operativo
Desconozco quién redactó la iniciativa de reforma judicial presentada por el expresidente López Obrador y aprobada (con modificaciones) por los poderes legislativos. Pero algo es claro: quienes lo hicieron no entendían ni el sistema electoral ni el poder judicial. Estamos frente a una reforma que no solo viola derechos y principios constitucionales fundamentales, sino que es impracticable en sus propios términos.
La última prueba de su improvisación y pésimo diseño es la solicitud, supuestamente realizada por el INE, para “prorrogar” la jornada electoral del próximo año. Aunque se argumenta que más de 300 suspensiones judiciales han frenado el proceso, culpar exclusivamente al Poder Judicial de la Federación sería una excusa irresponsable y francamente deshonesta.
Las suspensiones se han dictado porque esta reforma está plagada de vicios de forma y de fondo. Dos ejemplos lo ilustran con claridad. Primero, la destitución masiva de personas juzgadoras federales —la mitad en 2025 y la otra en 2027— destruye uno de los pilares de la independencia judicial: la inamovilidad en el cargo y la protección frente a remociones arbitrarias. Segundo, el proceso para seleccionar candidaturas es un absurdo: exige, entre otras ocurrencias, un ensayo de tres cuartillas, cinco cartas de recomendación y un promedio general de 8.0 y de 9.0 en las “materias relacionadas con el cargo”, lo que sea que esto signifique. Nada de esto cumple con las garantías de un proceso de nombramiento adecuado.
Era previsible, como advertí en estas páginas desde septiembre, que habría cientos de impugnaciones: juicios de amparo, acciones de inconstitucionalidad, controversias constitucionales y juicios electorales. También era esperable que juezas, jueces, magistradas y magistrados rechazaran participar en este procedimiento mal diseñado, políticamente controlado y carente de condiciones mínimas de equidad. Es perfectamente entendible que cientos se hayan negado a participar en esta farsa.
Ahora bien, si se confirma que el INE pide ahora una prórroga, no será solo por las suspensiones judiciales, sino porque la reforma, tal como fue planteada, es imposible de implementar. Prueba de ello es la magnitud del plazo solicitado. Suponiendo sin conceder que el INE no hubiera podido avanzar nada desde la publicación de la reforma el 15 de septiembre, una prórroga lógica sería de dos meses. Sin embargo, el INE estaría pidiendo al menos 90 días adicionales, lo que evidencia que los problemas son más estructurales y más profundos.
Este desastre, por supuesto, era evitable. Si el grupo de genios que redactó la iniciativa hubiera reflexionado tan solo un poco, habría notado que sus ocurrencias eran inviables. Por ejemplo, las entidades federativas tienen hasta marzo de 2025 para reformar sus constituciones locales y definir qué cargos judiciales serán electos en 2025 y cuáles en 2027. Pero la jornada electoral está constitucionalmente fijada para el 1 de junio de 2025. Esto deja un margen operativo para organizar un proceso electoral en poco más de dos meses, lo cual es evidentemente absurdo.
En los próximos días probablemente veremos otra reforma constitucional para aplazar las elecciones judiciales. Pero no culpemos a las víctimas de este caos. Si las elecciones no se celebran en junio de 2025, la culpa será de las y los legisladores de Morena, el PT y el Verde, quienes aprobaron una reforma sin pies ni cabeza. Hoy pagamos el precio de su irresponsabilidad: una reforma que es un desastre jurídico, social y operativo. Y apenas llevamos dos meses.
Javier Martín Reyes. Investigador en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y en el Centro para Estados Unidos y México del Instituto Baker.
X: @jmartinreyes.
