¿Alguien puede sorprenderse por la reelección de Rosario Piedra Ibarra en la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH)? Por increíble que parezca, todavía hay quien pone cara de asombro. La ratificación de Piedra les parece un error inexplicable o, peor aún, una traición a lo votado en las elecciones de junio de este año. Lo verdaderamente sorprendente es que, a estas alturas, todavía haya quienes se asombren por la manera en que el obradorismo está construyendo un nuevo régimen en México.
Conviene, entonces, hacer algo de memoria. Quizá habría que recordar cómo el expresidente López Obrador se confrontó sistemáticamente con el sistema de pesos y contrapesos establecido en la Constitución. Durante su sexenio, no se cansó de desacreditar a los órganos autónomos encargados de garantizar la transparencia, la protección de datos personales, las elecciones libres o la competencia económica. Para él, estas garantías de derechos fundamentales no eran más que instrumentos de las élites malvadas: costosos, ineficaces, protectores de los más oscuros intereses. López Obrador lo dijo con claridad: “no sirven para nada, son gastos superfluos”.
Al poder judicial le fue aún peor. El expresidente enfureció porque la judicatura tuvo la osadía de cumplir con lo que mandata la Constitución. Por eso arremetió contra la Suprema Corte cuando ésta señaló lo obvio: que no podía transferirse el control operativo y administrativo de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa, pues la Constitución obligaba a que estuviera adscrita a la Secretaría de Seguridad. Por eso se molestó cuando la Corte no permitió que Arturo Zaldívar permaneciera en la presidencia más allá de los cuatro años que marcaba el texto constitucional. Por eso explotó cuando la Corte invalidó su reforma electoral (el “Plan B”) por violaciones al procedimiento legislativo, invocando criterios vigentes desde hace casi dos décadas.
Para López Obrador, los contrapesos fueron siempre un enorme obstáculo para su proyecto. Y, fiel a su estilo, propuso un remedio radical: un ambicioso paquete de reformas, conocido como el “Plan C”. Quizá algún despistado aún no se haya enterado, pero uno de los objetivos centrales de este plan es, precisamente, el desmantelamiento de los contrapesos institucionales. Sólo así se explica que el expresidente haya propuesto una reforma judicial para destituir a todas las personas juzgadoras del país, comenzando por la Suprema Corte. Sólo así se entiende por qué López Obrador impulsó una iniciativa para desaparecer a buena parte de los órganos autónomos, como la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece), el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) o el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI). Y sólo así se comprende que él propusiera una reforma electoral que podría suponer el fin de las elecciones libres en México.
El obradorismo, con la presidenta Claudia Sheinbaum a la cabeza, ha interpretado los resultados de las elecciones de 2024 como un mandato para cumplir con ese plan. Y lo ha hecho, además, con una brutal velocidad: la reforma judicial es hoy una realidad constitucional; la desaparición de los órganos autónomos seguramente se concretará en las próximas semanas; y si la reforma electoral está en pausa, es probablemente porque el obradorismo necesita a alguien que intente organizar el disparate de las elecciones judiciales de 2025.
Por eso a nadie debería sorprender que los senadores de Morena, PT y el Verde hayan reelecto a una figura tan impresentable como Rosario Piedra Ibarra. Ella representa exactamente lo que el obradorismo ansía en términos de división de poderes: instituciones que renuncian a su función de contrapeso, que no se atreven a cuestionar al gobierno ni con el pétalo de una recomendación y que se suman con entusiasmo al coro que celebra el desmantelamiento de los límites al poder.
Quizá por eso mismo la CNDH no está en la lista de los órganos que pronto serán borrados del mapa constitucional. Porque al obradorismo, las autonomías solo le sirven cuando no sirven para nada. Hoy la CNDH es un cascarón que apenas funciona, pero que es perfectamente funcional para el nuevo régimen. Por eso votaron. Háganse cargo.
Javier Martín Reyes. Investigador en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y en el Centro para Estados Unidos y México del Instituto Baker. X: @jmartinreyes.
