La aprobación de la reforma judicial es un duro golpe a la democracia mexicana. Este es, sin duda, el cambio constitucional más significativo en décadas. Lamentablemente, no se trata de una transformación que busque mejorar el sistema de justicia. Por el contrario, se trata de una reforma que busca purgar, capturar y debilitar a los poderes judiciales, tanto a nivel federal como a nivel local. Sería ingenuo o irresponsable minimizar su evidente inspiración, que no es otra que erosionar uno de los pilares fundamentales de nuestra democracia constitucional.
Sin embargo, también hay que decirlo con claridad: aún no todo está perdido. El futuro de esta reforma, así como sus efectos concretos, no están del todo definidos. Las decisiones que se tomen en las siguientes semanas y meses serán cruciales. A continuación, destaco tres aduanas que aún deberá transitar la reforma y que definirán, en buena medida, de qué magnitud es el daño que viene.
La primera gran aduana son las impugnaciones que seguramente se presentarán contra la reforma. Estamos ante una reforma que, tanto en su forma como en su fondo, presenta serios problemas. Entre otras cosas, fue aprobada en flagrante violación a los principios más elementales de la democracia pluralista y deliberativa: sin consulta previa, sin un análisis exhaustivo por parte del nuevo congreso federal y los congresos locales, así como en un grotesco clima de amenazas y chantajes que inhibió la participación de las personas legisladoras en condiciones de libertad e igualdad.
Lee también "Daremos la batalla": Diputados locales del PAN anuncian voto en contra de la reforma al Poder Judicial
En el fondo, los problemas de la reforma son igualmente notorios. Estamos frente a un cambio constitucional que implicaría una regresión de proporciones históricas: debilita las garantías de independencia judicial, reduce la soberanía de las entidades federativas e introduce figuras, como los jueces sin rostro, que son abiertamente violatorias de derechos humanos.
Por supuesto, estas impugnaciones seguramente encontrarán no pocos obstáculos procesales y políticos. Pero es muy probable que se presente un verdadero alud de impugnaciones: juicios de amparo, controversias constitucionales e incluso acciones de inconstitucionalidad.
La segunda gran aduana será en el ámbito electoral. La premura y la irresponsabilidad de quienes aprobaron esta reforma han dejado en manos del Instituto Nacional Electoral (INE) la tarea de fijar buena parte de las normas secundarias para las elecciones extraordinarias del próximo año. Es en estas elecciones, donde se decidirá más de la mitad de los cargos judiciales federales, será el Consejo General el encargado de “emitir los acuerdos que estime necesarios para la organización, desarrollo, cómputo, vigilancia y fiscalización del proceso electoral extraordinario del año 2025”, así como para garantizar los “principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima publicidad, objetividad y paridad de género”.
Asimismo, prácticamente todas las decisiones que tome el INE podrán ser impugnadas ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF). En particular, la Sala Superior —ese órgano que con tanta frecuencia permite que el poder le gane al derecho— tendrá la última palabra en la definición de las reglas del juego de las elecciones extraordinarias.
Finalmente, los poderes legislativos tendrán la tarea de aprobar las leyes secundarias que implementen la reforma judicial y que definan el futuro de los poderes judiciales. Tanto a nivel federal como local, serán los congresos quienes determinen el alcance final de esta reforma. Aunque el panorama no es bueno, hay que recordar que, con frecuencia, el diablo está en los detalles. Los congresos tendrán diferentes grados de libertad para fijar las nuevas reglas del juego, que podrían limitar (o potenciar) los efectos destructivos de esta reforma.
El 11 de septiembre de 2024 quedará registrado como uno de los días más oscuros para la independencia judicial en México. Sin embargo, sería un error asumir que todo está perdido. Las decisiones que se tomen en las próximas semanas y meses serán cruciales para definir hasta dónde llegará el retroceso democrático que vivimos —y que algunos insisten en negar—. Mal haríamos en quedarnos cruzados de brazos.
Javier Martín Reyes. Investigador en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. X: @jmartinreyes.
Lee también "Con reforma judicial están creando una subasta de jueces", afirma Javier Martín Reyes en Con los de Casa
mahc
