Las listas de aspirantes a cargos judiciales me generan sentimientos encontrados. Están, por supuesto, los perfiles abiertamente impresentables: personas que carecen de mérito, imparcialidad y, en algunos casos, hasta de la más mínima decencia. Si la Constitución exige “gozar de buena reputación” para acceder a la judicatura federal, estos personajes parecen haber hecho todos los méritos para ganar lo puesto: una mala fama pública bien merecida. Su sola inclusión en las listas es un recordatorio de todo lo que está mal con la mal llamada reforma judicial.
Pero lo que realmente me genera ambivalencia es el hecho de que, entre ese mar de nombres, emergen algunos perfiles sobresalientes. Hay, en esas listas, personas con impecable trayectoria, méritos evidentes y el carácter necesario para dignificar la función judicial. Se trata de hombres y mujeres que uno lamenta no hayan llegado antes de que esta reforma desmantelara a la judicatura. Tienen el perfil necesario para honrar la toga, pero han optado por participar en una competencia que está llena de trampas.
Hay que decirlo con claridad: la reforma judicial no solo está mal diseñada; está expresamente confeccionada para capturar. Más allá de las evidentes ocurrencias, las normas han sido creadas para maximizar la probabilidad de que los buenos no lleguen y los asientos sean ocupados por los impresentables que rondan las listas.
La primera gran trampa son los comités de evaluación. Es aquí en donde comienza la farsa. La normativa que regula los comités de evaluación es tan laxa como peligrosa. El resultado está a la vista: tenemos un comité bueno, uno malo y uno francamente desastroso. La Suprema Corte hizo lo que debía y conformó un comité con personas de experiencia y prestigio: integrantes de la carrera judicial, una magistrada que ha defendido con vehemencia a la judicatura, la directora de la principal casa de investigaciones jurídicas y un miembro del mayor colegio de la abogacía del país.
Pero los otros comités son otra historia. Ahí encontramos de todo: personajes abiertamente afines al obradorismo, como el deleznable Arturo Zaldívar, así como ilustres desconocidos y otros cuya incompetencia es tristemente célebre. ¿El problema? Estos comités decidirán quién pasa el primer filtro —y es casi seguro que los comités del Ejecutivo y Legislativo sigan la lógica obradorista: priorizar lealtad política sobre mérito jurídico—.
Las reglas del juego, además, están hechas para que los buenos perfiles fracasen. Importa no sólo cómo se llega a la boleta, sino cómo se compite. Y el primer gran problema es que los buenos perfiles tendrán pocas oportunidades para darse a conocer. Aunque la Constitución promete que las “personas candidatas tendrán derecho de acceso a radio y televisión de manera igualitaria”, la realidad es que los tiempos disponibles son ridículamente insuficientes. ¿Cómo competir en elecciones masivas con miles de candidaturas y unos cuantos minutos al aire?
Además, la Constitución introduce restricciones que parecen cómicas pero que en realidad son trágicas. El texto constitucional establece, por ejemplo, que para todos los cargos judiciales “estará prohibido el financiamiento público o privado de sus campañas”. ¿Cómo se hace una campaña sin dinero? La ley secundaria permite “gastos personales”, pero en realidad la apuesta constitucional es otra: crear un mercado negro de financiamiento ilícito. Morena y sus aliados pueden pensar que controlarán ese mercado, pero la realidad es más peligrosa: desde los grandes intereses hasta el crimen organizado tendrán vía libre para influir en las elecciones.
Por si fuera poco, la Constitución también dicta que los “partidos políticos y las personas servidoras públicas no podrán realizar actos de proselitismo ni posicionarse a favor o en contra de candidatura alguna”. Pero esa prohibición parece estar destinada a ser letra muerta. Las fotos recientes de aspirantes participando en reuniones que incluso son abiertamente partidistas hablan por sí solas.
Los buenos perfiles van contra la corriente. Han decidido participar en un proceso amañado que no los favorece. Las reglas juegan en su contra y la cancha está dispareja. Espero que lo sepan y que su participación no sea por ingenuidad, sino por estrategia. Quizá su postulación sirva para evidenciar la farsa de estas elecciones judiciales. Quizá pretendan hacer un esfuerzo titánico para desafiar al sistema. Pero que quede claro: estos no son tiempos para la inocencia.
Javier Martín Reyes. Investigador en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y en el Centro para Estados Unidos y México del Instituto Baker. X: @jmartinreyes.
