Que Morena gane por las buenas o no pierda por las malas
Las bases constitucionales para el cambio de régimen ya están casi completas. El obradorismo aprobó la reforma judicial y despareció a buena parte de los organismos constitucionales autónomos. También se consolidó la militarización con la reforma al artículo 129 constitucional y pronto incrementará el catálogo de delitos que ameritan prisión automática. Estos cambios nos han colocado en una ruta hacia un régimen más autoritario y más militarizado. Falta, sin embargo, un eslabón clave en el proyecto de la Cuarta Transformación: la reforma electoral.
A diferencia de otras reformas presentadas al final de su sexenio —como la judicial o la desaparición de los organismos autónomos—, la reforma electoral fue una prioridad de López Obrador durante buena parte de su gobierno. Para entender su relevancia, basta con recordar lo que ocurrió después de las elecciones de 2021. Tras no obtener la mayoría calificada en la Cámara de Diputados, el presidente definió sus prioridades y declaró que iría por tres reformas: la eléctrica, la de la Guardia Nacional y, finalmente, la electoral..
¿Por qué apostarlo todo a una reforma que parecía difícil de aprobar? La respuesta es sencilla: porque se trata de una pieza clave del proyecto de regresión democrática que el obradorismo ha promovido abiertamente desde hace años.
La primera iniciativa de López Obrador (conocida como el “Plan A”) lo deja claro. Entre otras cosas, proponía destruir a los institutos y tribunales electorales locales, centralizar el poder en órganos nacionales, purgar al Tribunal Electoral (TEPJF) y al INE, así como capturar a los árbitros electorales por la vía de las elecciones populares. Además, buscaba abrir la puerta para quitar el control del padrón al INE (y quizá dejarlo en manos del Ejecutivo), reducir el financiamiento público a los partidos y limitar la representación proporcional en el Senado.
El parecido con la reforma judicial no es casualidad: es evidencia de que el obradorismo lleva años promoviendo la transición hacia un régimen donde los árbitros le respondan, donde la oposición tenga menos condiciones para competir y donde el control de las elecciones esté en sus manos.
El Plan A fracasó en su momento, pero resurgió con las iniciativas presentadas por López Obrador el 5 de febrero de 2024. Aunque la nueva iniciativa (el Plan C electoral) introduce algunos cambios puntuales, la lógica autocratizante sigue intacta. Si aún no se han aprobado —como otras iniciativas del llamado Plan C— es solo por prioridades: era más urgente la reforma judicial y alguien tenía que intentar implementar el disparate de las elecciones judiciales.
Pero la discusión de la reforma electoral volverá. Y probablemente lo haga en un contexto predecible: las elecciones judiciales serán un fracaso en términos de participación. Ni Morena cree que el voto popular de la judicatura es un clamor popular; si fuera cierto, deberían esperar al menos 36 millones de votos. Cuando esto no ocurra, el chivo expiatorio será el INE. Y ahí tendrán el pretexto perfecto para impulsar la reforma electoral.
Las elecciones son el mecanismo que permite a los partidos gobernantes ganar legítimamente o perder cuando el electorado los castiga. El objetivo del Plan C electoral es evitar ese riesgo: debilitar a la oposición, capturar a los árbitros y garantizar que no haya derrotas electorales, ya sea por consentimiento o por control. Ganar por las buenas o no perder por las malas.
Javier Martín Reyes. Investigador en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y en el Centro para Estados Unidos y México del Instituto Baker. X: @jmartinreyes
