En los últimos días, la Guardia Nacional ha acaparado el debate sobre la reforma constitucional que el Senado aprobó ayer. No es para menos: se trata de un cambio profundo que constitucionaliza y perpetúa la militarización de la seguridad pública. Sin embargo, hay un peligro mayor en esta reforma que ha quedado relativamente opacado. No nos equivoquemos: la reforma más regresiva no es a la Guardia Nacional. Vamos paso por paso.
Antes de la reforma, la Constitución ofrecía dos garantías claras para impedir la militarización de la Guardia Nacional. Primero, el artículo 21 reiteraba enfáticamente su carácter civil al establecer que “[l]as instituciones de seguridad pública, incluyendo la Guardia Nacional, serán de carácter civil” y que “[l]a Federación contará con una institución policial de carácter civil denominada Guardia Nacional”. Segundo, el mismo artículo disponía que la Guardia Nacional debía estar “adscrita a la secretaría del ramo de seguridad pública”, lo cual dejaba en claro que su control no debía recaer en la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).
Estos candados no fueron un accidente, sino el resultado de un acuerdo nacional sin precedentes. Desde el comienzo de su mandato, López Obrador soñaba con una Guardia Nacional militarizada, pero en 2019 todas las fuerzas políticas del país pusieron un alto a los anhelos presidenciales. Así, la reforma constitucional concedió al presidente la creación de lo que hoy conocemos como Guardia Nacional, pero estableció con claridad su carácter civil y su control por parte de la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana.
Sucede, sin embargo, que en los hechos la Guardia Nacional nunca fue una institución civil. El presidente López Obrador y Morena insistieron, una y otra vez, en desacatar y deshonrar ese consenso. La reciente reforma es, en esa medida, el triunfo de esa insubordinación constitucional del oficialismo.
Con la reforma, se borran las disposiciones que garantizaban el carácter civil de la Guardia Nacional y su adscripción a la secretaría de seguridad. En su lugar, se introduce una nueva redacción que formaliza la militarización: la Guardia Nacional será una institución “integrada por personal de origen militar con formación policial, dependiente del ramo de defensa nacional”.
Sería irresponsable minimizar el impacto de estos cambios al artículo 21 constitucional. Desafortunadamente, no son las modificaciones más relevantes. El verdadero golpe de esta reforma está en la modificación al artículo 129 constitucional, esto es, al más crucial candado contra la militarización. Paso ahora a este tema.
Desde 1917, la Constitución mexicana defendió con firmeza el principio del gobierno civil. Su manifestación más clara fue el artículo 129, que durante más de un siglo impuso un freno inequívoco a la militarización: “[e]n tiempo de paz, ninguna autoridad militar puede ejercer más funciones que las que tengan exacta conexión con la disciplina militar”. Este mandato era tajante: salvo en tiempos de guerra o suspensión de garantías, las autoridades militares debían estar restringidas a este exclusivo ámbito, sin injerencia en funciones civiles.
Por supuesto, este mandato no siempre se ha respetado. A lo largo de la historia, distintas presidencias lo han transgredido y ha habido intentos de burlarlo con reformas legislativas, como la fallida Ley de Seguridad Interior de Peña Nieto. Incluso algunas decisiones profundamente cuestionables de la Suprema Corte han dejado entreabierta la puerta a la militarización, violando así el texto expreso de la Constitución.
Sin embargo, la reforma recién aprobada ha eliminado por completo este candado del mapa constitucional. Ahora, el artículo 129 establecerá que “en tiempos de paz, ninguna autoridad militar puede ejercer más funciones que las que tenga previstas en esta Constitución y las leyes que de ella emanen”. Un cambio que podría parecer sutil, pero que es devastador en realidad.
¿Qué implica este cambio? Que a partir de ahora, Morena y sus aliados podrán militarizar prácticamente lo que quieran. En principio, solo necesitan reformar leyes secundarias —y cuentan con los votos para hacerlo sin obstáculos—. Peor aún: cualquier mayoría legislativa, presente o futura, tendrá carta abierta para asignar funciones a las autoridades militares a su antojo. El único freno será la medida de su propia irresponsabilidad.
Estamos, sin exagerar, ante un quiebre histórico que destruye uno de los pilares del constitucionalismo mexicano y que debilita al gobierno civil. No podemos prever con exactitud hasta dónde llegarán sus efectos, pero una cosa es segura: este cambio se convertirá en un sello del nuevo régimen, uno más autocrático, más aurotiario y, también, más militarizado.
Este cambio, además, está envuelto en un simbolismo paradójico: estamos frente a una reforma por un gobierno que se autoproclama de izquierda, aprobada justo un día después del aniversario de la tragedia de Ayotzinapa y a una semana del 2 de octubre. Vaya irónica y dememoriada manera en que el obradorismo olvida a los muertos y rinde tributo a la militarización.
Javier Martín Reyes.
Investigador en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. X: @jmartinreyes.
