A estas alturas, ya no sorprende que la Sala Superior del Tribunal Electoral (TEPJF) dicte una sentencia jurídicamente endeble y políticamente cuestionable. Son ya casi ocho años en los que esta integración nos ha mostrado, una y otra vez, que la política le puede ganar fácilmente al derecho, especialmente en los asuntos relevantes para el poder en turno. La resolución de ayer, en la que la Sala Superior avaló una inconstitucional sobrerrepresentación, es importante por lo que decidió, por cómo se decidió y por las consecuencias de lo decidido.
El efecto inmediato de la sentencia es brutal. Gracias a esta determinación, la coalición de Morena y sus aliados, quienes obtuvieron poco más de la mitad de los votos, se apoderarán de casi tres cuartas partes de la Cámara de Diputados. De esta forma, la Sala Superior convalidó, una vez más, que el esquema de coaliciones sea utilizado para burlar y burlarse de los límites constitucionales.
La pequeña gran diferencia es que, en esta ocasión, el fraude a la Constitución es aún mayor. Por primera vez en la historia de la democracia, una coalición contará con una mayoría calificada en la Cámara de Diputados. Se trata, en ese sentido, de un auténtico despropósito constitucional, pues las reformas electorales de 1993 y 1996 se hicieron con el propósito expreso de evitar una situación como la que ayer avaló la Sala Superior.
La decisión es cuestionable, además, por su construcción argumentativa. Frente al litigio electoral más importante en la historia de la democracia mexicana, una mayoría de magistrados electorales votó a favor de un proyecto de sentencia endeble y acrítico.
El documento presentado por el magistrado ponente desechó sin ofrecer ninguna explicación los argumentos aportados por ciudadanía y expertos, puso a la ley por encima de la Constitución, y defendió un criterio que es contrario a los principios constitucionales y que ha producido consecuencias nefastas para la democracia representativa.
La posición de la magistrada Janine Otálora Malassis fue una muy honrosa excepción. Ella lo dijo con todas sus letras: las coaliciones electorales han sido empleadas tramposamente para darle a los partidos dominantes una representación que no es compatible con los límites constitucionales Reconoció, además, que las decisiones previas de la Sala Superior permitían esta trampa. Y sostuvo, con claridad y valor, una solución para poner fin a esta anomalía constitucional.
Lo que viene es de pronóstico reservado. Gracias a la decisión de la Sala Superior y al chapulineo de una senadora y un senador del PRD, es prácticamente un hecho que el oficialismo contará con la mayoría calificada en ambas cámaras. Dicho de otra forma, tendrá la llave para abrir todos los candados constitucionales: para purgar a la judicatura, destruir el sistema electoral, militarizar la Guardia Nacional, borrar del mapa a las autonomías constitucionales y aprobar cualquier otra reforma que le plazca al obradorismo.
La sentencia de ayer es genuinamente histórica. Estamos frente a una decisión que, en lo inmediato, abrirá las puertas a la destrucción institucional que se plantea en el Plan C de López Obrador. Pero los efectos más nocivos podrían manifestarse en el largo plazo. Quizá aún es muy temprano para decirlo con certeza, pero esta decisión, si el oficialismo no corrige el rumbo, bien podría ocupar un lugar privilegiado en la historia de la transición a la autocracia. Y, desafortunadamente, es difícil no ser pesimista.
Javier Martín Reyes.
Investigador en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM.
X: @jmartinreyes.