Hace unos días se publicó, finalmente, el proyecto de dictamen de la reforma judicial que pretende modificar el Plan C del presidente López Obrador. Más allá de su pésima técnica legislativa, se trata de un documento que vale la pena analizar por la gravedad de lo que propone y, también, porque es un extraordinario ejemplo de gatopardismo legislativo. El proyecto introduce un buen número de modificaciones, pero en realidad la pretensión de purgar, capturar y debilitar a los poderes judiciales sigue siendo su principal motor.
En medio de una destrucción de proporciones genuinamente históricas —el proyecto busca, en lo inmediato, cesar a la totalidad de los integrantes de la Suprema Corte (SCJN) y a la mitad del resto de la judicatura federal—, Morena propone introducir un cambio que llama la atención, por decirlo amablemente. Sucede que, por alguna razón, a las y los magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral (TEPJF) se les ofrece una suerte de tratamiento VIP.
Quienes integran la máxima autoridad jurisdiccional en materia electoral no sufrirán una destitución, ni total ni parcial. Tampoco se les respetarán sus nombramientos, de tal forma que concluyan sus periodos este año o el próximo. Nada de eso. Aunque sea difícil de creer, el proyecto de dictamen pretende… ¡ampliarles su mandato hasta 2027! Así como lo leen, queridas personas lectoras: Morena pretende que las y los magistrados Felipe de la Mata, Felipe Fuentes, Janine Otálora, Reyes Rodríguez y Mónica Soto se queden en su cargo once años, rebasando así los nueve años que marca la Constitución.
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Para entender esta extraña propuesta, hay que seguir lo que dicta el refrán: piensa mal y acertarás. Sucede que —y no es ninguna casualidad— la propuesta para ampliar su mandato aparece unos cuantos días antes de que la Sala Superior resuelva lo que es, sin exagerar, probablemente el litigio electoral más importante en la historia de la democracia constitucional mexicana: la decisión sobre cómo aplicar los topes de sobrerrepresentación en la Cámara de Diputados.
En menos de una semana, la Sala Superior deberá decidir si avala un verdadero fraude a la Constitución. Específicamente, determinará si es constitucionalmente admisible que, con poco más de la mitad de los votos, Morena y sus aliados se queden con prácticamente tres cuartas partes de las diputaciones. Dicho de otra manera, decidirán si es válido burlar la norma constitucional que busca que ninguna fuerza política pueda tener una sobrerrepresentación mayor a 8%, y que se introdujo en la Constitución, precisamente, para evitar que los partidos dominantes tuvieran un control legislativo que los votos no les dieron.
La forma en que Morena y aliados pretenden consumar este fraude a la Constitución es compleja y añeja (aquí una breve explicación: https://bit.ly/3V9ennj), pero en esencia consiste en una transferencia de votos. Así, triunfos que en realidad fueron de Morena, pues Morena puso la mayoría de los votos en esos distritos, no se le contarían a Morena, sino al PT y al PVEM. De esta forma, Morena aparentemente regalaría “triunfos” a sus aliados en las elecciones de mayoría relativa, pero que en realidad luego recuperaría con asignaciones de representación proporcional. De esta forma, se pretende multiplicar artificialmente el tope de sobrerrepresentación, que sería del 8% para los partidos que van solos en las elecciones, del 16% para dos partidos coaligados, del 24% para tres, y así sucesivamente, hasta el límite del cinismo constitucional.
Si se concreta este atraco, Morena y sus aliados estarían muy cerca del poder casi ilimitado, pues tendrían más del 70% de la Cámara de Diputados y estarían muy cerca de la mayoría calificada (dos terceras partes o 67%) en el Senado. Esta última cifra es fundamental, pues la mayoría calificada es la llave que abre prácticamente todos los candados de la Constitución.
En un escenario así, el oficialismo podría no sólo hacer prácticamente cualquier designación (Fiscalía General de la República, Suprema Corte, órganos autónomos, etc.), sino también aprobar cualquier reforma constitucional. No sólo sería posible aprobar todo el Plan C de López Obrador, con toda la destrucción que implicaría, sino que una coalición que ganó con poco más de la mitad de los votos podría, a golpe de reformas, abrir la caja de Pandora y crear en los hechos una nueva Constitución.
Pues bien, la última palabra sobre esta delicadísima cuestión la tendrán, precisamente, los cinco integrantes de la Sala Superior. Ellas y ellos decidirán si avalan o no este evidente fraude a la Constitución. Por eso, no es casualidad que el proyecto de dictamen pretenda darles un generoso, tramposo y grotesco incentivo: si las magistraturas electorales le dan a Morena y aliados la sobrerrepresentación que tanto ansían para aprobar el Plan C, ellos recibirán a cambio una ilegítima extensión de mandato y, por si fuera poco, hasta la posibilidad de convertirse en ministros.
Se trata de una relación de ganar-ganar-perder. Ganan Morena y aliados una representación legislativa muy por encima de lo que le dieron los votos y, en una de esas, hasta otras sentencias favorables en los meses venideros. Ganan también los actuales magistrados electorales, quienes serían ilegítimamente premiados con tres años más de salarios y prestaciones de todo tipo. Y perdemos las personas ciudadanas, a quienes este pacto nos dejaría con probablemente el congreso que peor reflejaría la pluralidad en la historia de la democracia mexicana.
Estamos, para decirlo claro, frente a un burdo intento de soborno judicial. Ya sabrán las magistradas y magistrados De la Mata, Fuentes, Otálora, Rodríguez y Soto si desean pasar a la historia no sólo como los jueces constitucionales que permitieron un evidente fraude a la Constitución, sino como los personajes que terminaron claudicando frente a uno de los más grotescos sobornos judiciales de los que se tenga registro.
Javier Martín Reyes. Investigador en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. X: @jmartinreyes.
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