Hay quien sostiene que 2024 será recordado como el peor año para la independencia judicial, que el nivel de destrucción es tal que hemos tocado fondo. Sin embargo, creo que estos análisis quizá pecan de cortoplacismo. Si ampliamos la mirada, con un poco de perspectiva, veremos que las cosas no necesariamente son así.
Es indiscutible que este año ha sido severo para la democracia constitucional. En febrero de 2024, López Obrador presentó un conjunto de reformas a la Constitución y a las leyes: el llamado “Plan C”. En su momento, hubo quienes dijeron que no había que hacer demasiado caso, que todo era un distractor, una jugada electoral. La realidad es muy distinta: lo que planteó el expresidente fue un verdadero cambio de régimen. Muchos no querían verlo entonces; muchos aún no quieren reconocerlo.
Una pieza clave de este proyecto fue la reforma al poder judicial. Su aprobación, sin lugar a dudas, ha sido devastadora para la independencia judicial. En 2024 vimos cómo se aprobó una reforma que purgará a la judicatura federal en un plazo de tres años. Fuimos testigos del bochornoso espectáculo de la tómbola judicial, mediante la cual el azar decidió quiénes se irían en 2025 y quiénes en 2027. Presenciamos cómo una minoría de la Corte impidió siquiera revisar la reforma judicial. Vimos la integración de dos comités de evaluación capturados por los intereses partidistas de Morena, quienes decidirán, en buena medida, quiénes llegarán a las boletas. Leímos listas de aspirantes plagadas de perfiles impresentables.
Y, sin embargo, estos episodios son apenas el prólogo de la destrucción. Lo peor está por venir.
En 2025 comenzará un proceso electoral judicial en el que la autoridad electoral no tendrá los recursos necesarios para cumplir con los mínimos indispensables de organización y logística. Veremos campañas plagadas de ilegalidades, gracias a una reforma que creó un mercado negro electoral donde cualquier actor —desde los grandes intereses económicos hasta el crimen organizado— podrá participar en la subasta de los jueces. Habrá elecciones con tasas raquíticas de participación, donde los ganadores serán electos con porcentajes ínfimos de votos.
Después de 2025, los años venideros traerán consigo un Poder Judicial de la Federación cada vez más descompuesto. Llegarán muchos perfiles con escasa experiencia y abundantes compromisos políticos. Personas que deberán sus cargos a Morena y sus aliados, pues son ellos quienes controlan dos de los comités que seleccionan las candidaturas y quienes tendrán mayor capacidad para movilizar el voto en las elecciones judiciales. Perfiles que, en muchos casos, no habrán puesto un pie en un juzgado, que no tendrán idea de cómo administrar un órgano judicial ni de los principios más básicos de la función jurisdiccional.
Quizá el único consuelo será que, entre 2025 y 2027, coexistirán los “nuevos” perfiles con los jueces experimentados que permanezcan en sus cargos. Pero esa convivencia será efímera. Para 2027, si todo sigue según el plan, la purga de la judicatura federal habrá culminado.
Y no será lo único. A partir de 2025, comenzará a operar el Tribunal de Disciplina Judicial, otro órgano que seguramente será capturado por perfiles afines a Morena y aliados. Su misión será clara: que ningún juez tenga la arrogancia de decidir en contra de los intereses de la nueva hegemonía partidista. Si, por alguna razón, llegan a colarse buenos perfiles en las elecciones judiciales, estos jueces vivirán bajo la amenaza constante de sanciones que los castiguen por actuar con independencia.
Podría seguir enumerando los despropósitos que nos esperan, pero creo que mi punto ha quedado claro. Si ampliamos la mirada, veremos que lo peor aún está por venir. 2024 sin duda será un año nefasto para la independencia judicial, pero será, desafortunadamente, solo el principio del fin. Paradójicamente, 2024 podría ser el mejor año para la independencia judicial del resto de nuestras vidas. O, al menos, de los próximos años.
P.D. Esta columna se va un par de semanas de vacaciones, pero gracias a la generosidad de El Universal y de las personas lectoras, seguramente nos volveremos a encontrar en 2025 con la misma convicción: que, en estos tiempos, el verdadero acto de resistencia no es el optimismo ingenuo, sino la crítica sincera.
Javier Martín Reyes. Investigador en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y en el Centro para Estados Unidos y México del Instituto Baker. X: @jmartinreyes.
