El 13 de noviembre pasado fue un parteaguas en nuestra historia contemporánea. Cientos de miles de personas nos movilizamos de manera natural, espontánea, orgánica, entusiasta y convencidos de una causa común y un bien superior: la defensa de nuestra democracia y, con ello, de nuestras libertades (la Marcha Rosa). Y es que no se explica la razón de esta grotesca ambición presidencial de destazar al Instituto Nacional Electoral (INE) y cambiar las reglas del juego, la víspera de elecciones en 2024 . Falso que se busque con ello ahorrar presupuesto o que los consejeros del instituto obedezcan a oscuros intereses. Lo que intentan es debilitar al árbitro electoral para facilitar lo que mejor sabe hacer Morena: desconocer sus derrotas y destruir instituciones. Buscan perpetuarse en el poder. Por eso es que, ante el fracaso que vino tras la Marcha Rosa en su intento por reformar la Constitución y consumar sus perversos fines, recurrieron al llamado Plan B, que no es otra cosa que conseguir objetivos similares pero por la puerta de atrás y violando la propia Constitución. Peor aún, lo hicieron sin respetar el proceso legislativo. Un fast track digno de maleantes sin escrúpulos. Son seis ordenamientos que, en su conjunto, cambiarían por completo el tablero electoral, debilitando autoridades, generando incertidumbre y poniendo en riesgo los procesos y sus resultados. Un auténtico retroceso. Dos de ellas ya fueron publicadas el 27 de diciembre. Pero faltan cuatro que están congeladas en el Senado. Por eso es que, así como nos movilizamos el 13 de noviembre, nuestra siguiente cita es el 26 de febrero en el Zócalo capitalino (y otras ciudades del país). Se trata de dirigirnos ahora a quienes tendrán en sus manos la última palabra: los 11 ministros que conforman el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Ya se han presentado sendas acciones de inconstitucionalidad y una controversia constitucional por parte del INE . Estoy convencido de que la sustancia del Plan B atenta, directamente, contra los artículos 41 y 134 constitucionales. Confío en el voto serio y razonado de ocho ministros. Con eso bastaría para dejar sin efecto el mentado Plan B. Pero hay más: el artículo 72-B de la Constitución le da 30 días al Presidente para ejercer su “derecho de veto”, y 10 días más para publicar cualquier reforma legal. Y no puede haber cambios a la legislación electoral a partir de la primera semana de junio, por la cercanía de las elecciones de 2024. ¿Se imaginan el que el Senado apruebe las piezas que faltan hasta finales de abril? El tirano se sienta mientras transcurre todo mayo y publica el último día del plazo máximo, atando de manos a la Corte. Son capaces de todo. ¿Lo vamos a permitir?
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