El presidente López Obrador y su secta de fanáticos manejan un falso debate en torno al tema de la seguridad pública y la militarización del país. Aprovechan que la mayoría de la población desconoce el marco legal en la materia y abusan de la buena opinión que tenemos sobre la disciplina, trabajo y lealtad del Ejército y la Marina. Dado su estrepitoso fracaso en salvaguardar la vida, integridad, libertad y patrimonio de las personas, ahora introducen nuevas propuestas para tratar de detener la espiral de violencia que recorre el país. Esta administración decidió desaparecer la Policía Federal creó la Guardia Nacional y asfixio a las policías estatales y municipales. Los resultados están a la vista: del 1 de diciembre de 2018 al 31 de agosto pasado, se registraron 126,206 homicidios dolosos en el país, con datos oficiales. Como apuntó Jorge Ramos, cada día asesinan a 84 mexicanos, en promedio, con lo que, al hacer una proyección de los 25 meses que le quedan a este miserable gobierno, hemos de sumar otros 65,600 homicidios, para alcanzar un total de 191mil muertos. Y, a pesar de ello, el presidente insiste en no cambiar su estrategia de “abrazos y no balazos” y se dijo “tranquilo, optimista y contento” por el saldo obtenido. Fue así que, contrario a lo que dispone el artículo 21 de nuestra Constitución, el mandatario ordenó incrustar a la Guardia Nacional en la Secretaría de la Defensa Nacional. Más aún, ahora buscan mantener a las fuerzas armadas en tareas de seguridad pública (que no es lo mismo que la seguridad nacional ni interior) hasta marzo de 2028, en lugar de marzo de 2024, que es lo que se plasmó en la propia Constitución. Pero como ya anticipan que esta intentona no pasará en el Senado, preparan una consulta popular aberrante e ilegal. En efecto. El artículo 35 constitucional señala que “no podrán ser objeto de consulta popular… la seguridad nacional y la organización, funcionamiento y disciplina de la Fuerza Armada permanente”. Además, dispone que “el Instituto Nacional Electoral tendrá a su cargo, en forma directa… la organización, difusión, desarrollo, cómputo y declaración de resultados”. (El presidente pretende excluir al INE de este ejercicio y encomendar el trabajo a la Subsecretaría de Gobernación). Dice la Constitución que las consultas populares se realizarán el primer domingo de agosto. (El presidente dijo que se hará en el mes de enero). Las consultas populares deben ser convocadas por el Congreso de la Unión. (Aquí el que invita es el Ejecutivo Federal). En suma: López Obrador avanza con su militarización y pisoteando la Constitución.
Abogado
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