Con toda naturalidad, que cae en el desparpajo, el presidente López Obrador anunció ayer que encomendará a las Fuerzas Armadas la operación del “Tren Maya” y de cuatro aeropuertos. A estas nuevas tareas hay que sumarle otras que, en tan solo dos años, el actual gobierno le ha cedido al Ejército Mexicano y a la Marina, Armada de México. En efecto, hay que recordar que, descaradamente, se le entregó la Guardia Nacional para hacerse cargo de buena parte de la seguridad pública (que no es lo mismo que la seguridad nacional). Y no solo eso. Se le entregó el control de las aduanas; de la marina mercante; la construcción del aeropuerto “Felipe Ángeles” en Santa Lucía; la edificación de las sucursales del “Banco del Bienestar”, así como el traslado de sus valores; el fallido combate al robo de combustibles (“huachicoleo); la limpieza del sargazo en costas y mar abierto; el resguardo de la frontera sur para evitar el paso de migrantes y así congraciarse con el presidente estadounidense; el control de hospitales Covid así como la distribución y aplicación de las vacunas. Estas decisiones unilaterales y arbitrarias, por parte del Ejecutivo Federal, no solo van en contra de su propio discurso y oferta de campaña, cuando prometía regresar el Ejército a sus cuarteles, sino que estamos frente a medidas abiertamente inconstitucionales. En efecto, el artículo 129 de nuestra ley fundamental dispone, textualmente: “En tiempo de paz, ninguna autoridad militar puede ejercer más funciones que las que tengan exacta conexión con la disciplina militar”. Recuerdo bien cómo se nos vino el mundo encima cuando aprobamos, en la legislatura pasada, la Ley de Seguridad Interior (que a la postre echó abajo la Corte). Y que conste que dicha ley era para acotar las labores de las Fuerzas Armadas en la seguridad interior, no de la fuerza pública. Legisladores, actores, colectivos, intelectuales, actores de la oposición, se rasgaban las vestiduras y nos acusaban de militarizar al país. Vamos, la encomienda de las capitanías de puerto a la Secretaría de Marina fue objeto de una irracional protesta. Hoy que somos testigos de esta burda cesión de facultades civiles a las fuerzas militares, toda esa punta de hipócritas, en palabras del propio presidente, “callan como momias, pero gritaban como pregoneros”. La pregunta que naturalmente surge es: ¿qué quiere o a qué le teme López Obrador al fortalecer así a las Fuerzas Armadas, desplazar autoridades civiles, y hacer a un lado a la iniciativa privada en obras y servicios que bien podrían ofrecer, en plena crisis económica? Esto huele a dictadura.
