El Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) fue constituido en 1972. Su naturaleza jurídica, al igual que el IMSS, es que se trata de un organismo tripartita mas no gubernamental. Esto significa que sus distintos cuerpos colegiados (de decisión y vigilancia) los conforman sendos representantes de los sectores obrero, patronal y gubernamental, por partes iguales. El dinero ahí depositado no corresponde al presupuesto de egresos de la federación. Es dinero de los trabajadores, con base en las aportaciones patronales del 5 por ciento salarial. Gracias a esas aportaciones, hoy el Infonavit tiene, en la subcuenta de vivienda, 2.4 billones de pesos, destinados a brindar crédito a sus afiliados para la construcción o compra de casas-habitación. Pues resulta que, en días pasados, al más puro estilo cuatroteista, se presentó y aprobó en el Senado, con 68 votos a favor, una reforma que amplía, en exceso, las facultades del gobierno para disponer del dinero de los trabajadores. Con la nueva legislación, podrá el Infonavit construir viviendas, a través de una filial del instituto. El principal riesgo de esta reforma estriba en el desequilibrio que se generará tanto en la toma de decisiones cuanto en la supervisión y vigilancia de las mismas. Veamos: el director general será nombrado por el presidente de la República sin el aval de la Asamblea General, como es en la actualidad. El mismo director general podrá ordenar que se disponga “de los recursos bajo su administración para inversiones propias para la construcción, adquisición y mantenimiento de inmuebles en terrenos propiedad del Instituto y destinarlos a vivienda de los derechohabientes” (incluidos los 2.4 billones de pesos antes citados). Ese mismo director general tendrá derecho de veto sobre las decisiones no aprobadas por unanimidad, tanto del Consejo de Administración como de la Comisión de Vigilancia. La Asamblea General se reducirá de 45 a 30 integrantes, con integración tripartita e igualitaria. Asimismo, el Consejo de Administración pasará de 15 a 12 integrantes, con cuatro representantes por cada uno de los tres sectores. Pero donde comienzan los problemas reales es en la integración de los demás cuerpos colegiados del instituto. Así, la Comisión de Vigilancia mantiene sus nueve miembros pero, en lugar de que sean tres por sector, pasan a ser cinco por parte del gobierno y dos por el sector obrero más otros dos del patronal. Lo mismo vemos en el Comité de Auditoría donde aumentaría de tres a cinco miembros, de los cuales tres serán nombrados por el gobierno federal más uno solo designado por el sector de los trabajadores y, otro, del patronal. Y, en cuanto al Comité de Transparencia se refiere, será la misma receta. Para acabarla de amolar, el director general del Infonavit es Octavio Oropeza. Sí, el mismo que quebró Pemex. ¿Qué podría salir mal?
Abogado
