A estas alturas, aquel que piense que estamos viviendo una auténtica transformación nacional, para bien, peca de ingenuidad, por decirlo suave. Podemos dar por descontado que este será un sexenio perdido para México. No hay un solo signo o señal que nos permita albergar nada bueno en lo que resta a la administración. Más allá de la cotidiana narrativa presidencial, los hechos hablan por sí mismos: en materia económica, generación de empleos, seguridad pública, salubridad general, combate a la corrupción, a la pobreza, cuidado del medio ambiente, procuración de justicia y gobernabilidad, no solo no hay mejora sino que estamos peor, mucho peor que antes. Los “otros datos” solo existen en la mente de quien ha hecho de la mentira una religión. La reiteración de falsedades es un ominoso rasgo delirante. El ánimo de dividir y polarizar, todos los días, lejos de ayudar al crecimiento y fortalecimiento de nuestra nación, nos debilita, desgasta y consume valiosa energía. Acaso lo más preocupante de esta lamentable situación no será el tiempo y cuantiosos recursos que habremos de invertir en los siguientes años para recuperar parte del terreno perdido. Lo realmente peligroso, lo que está en juego y cuya consumación puede, literalmente, destrozar a la república es la demolición institucional. El presidente López Obrador está confirmando, en los hechos, que sí es un peligro para México. Esta aseveración dejó de ser una frase de campaña para convertirse en cruda realidad. Es un hombre al que le estorba la división de poderes; los contrapesos de órganos autónomos; la libertad de expresión y de prensa; la empresa privada, la inversión productiva y la legítima ambición de crecer. Para él es más importante la justicia que la legalidad. Justicia según San Andrés, por supuesto. No cree en la libre y sana competencia; hace de la arbitrariedad una forma de gobernar; la Constitución es un texto engorroso que no le permite cumplir sus caprichos. Si jueces, magistrados o ministros se atreven a conceder suspensiones, amparos o dan cabida a acciones de inconstitucionalidad o controversias, se trata de personajes corruptos que sirven a intereses particulares. Los medios de comunicación, nacionales y extranjeros, son parte de un ardid que busca descarrilarlo. Su mandato es un martirio, pero él sigue adelante con su retahíla, culpando siempre al pasado sin poner la mira en el futuro. Morena no es un partido político. Es una secta de fanáticos que sobreviven a la sombra de un ser que tiene como misión la salvación de México. Hoy se desprecia la política como actividad humana para dialogar y poner de acuerdo a los diferentes. Se golpea al árbitro electoral para tener mejores condiciones hacia próximas batallas. Es el poder como un fin en sí mismo, para servirse de él y no para servir con él. En ese contexto, lo que está en juego y la alternativa que los partidos aliancistas habrán de poner sobre la mesa, será la defensa y fortalecimiento de la vida institucional y la cultura de la legalidad. No actuar así, los hará cómplices.
Abogado
