Ya sabemos que eso de guardar y hacer guardar la Constitución y las leyes que de ella emanen no es algo con lo que comulgue o practique el presidente López Obrador. Se podría decir que ha cumplido al guardar la constitución y las leyes ordinarias ¡pero en un cajón! Los límites le estorban, le molestan, los detesta. De dientes pa’fuera dice “al margen de la ley, nada. Por encima de la ley, nadie”. Pero, en su peculiar estilo de gobernar, amanece y se duerme violando esa Constitución y la legislación secundaria. Ejemplos se han señalado muchos a lo largo de estos dos años de su administración: desde la descarada militarización del país; la promoción personal con recursos públicos; la política energética y la vuelta a los monopolios de Estado, entre otras linduras. Hemos visto que los diputados y senadores de Morena están auténticamente de adorno. O más bien, al servicio del caudillo. Y así será. Pero, ahora me quiero referir a una nueva violación constitucional. Algo de lo que muy poco se habla: el capítulo económico. En efecto, más allá de la ideología, prejuicios, fobias o ignorancia del inquilino de Palacio Nacional, antes de imponer sus retrogradas políticas públicas, debería leer o intentar modificar el artículo 25 constitucional. Éste, en su primer párrafo, nos dice: “Corresponde al Estado la rectoría del desarrollo nacional para garantizar que éste sea integral y sustentable, que fortalezca la Soberanía de la Nación y su régimen democrático y que, mediante la competitividad, el fomento del crecimiento económico y el empleo, y una más justa distribución del ingreso y la riqueza, permita el pleno ejercicio de la libertad y la dignidad de los individuos, grupos y clases sociales, cuya seguridad protege esta Constitución. La competitividad se entenderá como el conjunto de condiciones necesarias para generar un mayor crecimiento económico, promoviendo la inversión y la generación de empleo”. Podrán decir que este es un párrafo proveniente de la época neoliberal y que va en franca contradicción con los postulados de la autodenominada “cuarta transformación”. Y sí. Se trata de una reforma constitucional del pasado cercano pero que está vigente y es, por tanto, exigible. De la ignorancia o desprecio de la letra y espíritu del 25 constitucional, por parte del primer mandatario y sus huestes, es que hoy tenemos los peores números posibles en inversión fija bruta, en crecimiento industrial, en crecimiento económico, en generación de empleos y en confianza del inversionista y del consumidor. ¿Tendrá algo que decir la oposición, o callarán como momias?
