El presidente López Obrador anda descuadrado, distraído y furioso. Las recientes revelaciones de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad, y LatinUS, pegaron directo en la línea de flotación del mandatario e hicieron trizas la columna vertebral del mensaje presidencial. En efecto, la famosa “austeridá” republicana y el combate a la corrupción quedaron reducidos a una mala caricatura. Y es que no solo se trata de los lujos que rodean la vida de José Ramón López Beltrán, vástago del presidente, en Houston. Es predicar de una manera y actuar de otra. Porque el Ejecutivo Federal ha dicho, reiteradamente, que la austeridad franciscana no solo debe prevalecer en la vida pública sino, también, en la vida privada. Presume una cartera sin tarjetas de crédito y con solo 200 pesos. Fustiga a las clases medias y afirma que no necesitamos más que un par de zapatos. Pero esa prédica topó con un muro de contención que incluye una alberca de 23 metros, sala de cine privada y un automóvil que no lo tiene ni Obama. Así, el problema no es patrimonial. El problema está en la hipocresía y el doble discurso. En la simulación y el engaño. En tirar la piedra y esconder la mano. Por el lado del supuesto y sobado discurso de acabar con la corrupción, lo que encontramos en el citado reportaje y en las manifestaciones de la propia empresa Baker Hughes Company, que la lujosa residencia que ocuparon José Ramón y su esposa Carolyn Adams, era propiedad de Keith Schilling, alto ejecutivo de esa empresa. El detalle está en que la misma, tiene contratos con Pemex por más de 151 millones de dólares. Es decir, un abierto conflicto de intereses. Sí, de esos vicios de la mafia del poder que se erradicarían con la autodenominada “cuarta transformación”. ¿Y cuál fue la reacción presidencial? Hacerse de la vista gorda, decir que no estaba enterado, que “aparentemente la señora tiene dinero” que era, una vez más, una campaña en su contra y que sus hijos no trabajan para el gobierno. Pero lo que es absolutamente reprobable es la venganza emprendida contra el mensajero: Carlos Loret. Ya sabemos que López Obrador es un violador serial de la Constitución. La cultura de la legalidad le estorba. Pero hacer públicos datos personales y amenazar con el uso de toda la fuerza del Estado a comunicadores, empresas y sus dueños, nos aproxima, peligrosamente, a una dictadura. La sociedad reaccionó de manera espontánea y orgánica. Y las benditas redes sociales inundaron el planeta: #TodosSomosLoret. El viernes 11 de febrero se cruzó una frontera hasta entonces infranqueable. Es el principio del fin lopezobradorista.
