Nada bueno puede salir de una ocurrencia basada en la ignorancia y los prejuicios. Es el caso de la iniciativa presidencial para prohibir la subcontratación de personal, conocida como “outsourcing”. Ya desde el año pasado hemos sido testigos de una serie de intentos por estrangular esta modalidad de contratación laboral por parte de legisladores que se han encargado de estigmatizarla. De hecho, se han formulado propuestas que ya están en la Ley Federal del Trabajo desde finales del 2012. En la subcontratación un patrón denominado contratista ejecuta obras o presta servicios con sus trabajadores, a favor de un contratante o beneficiario, el cual fija las tareas del contratista y supervisa su labor. Más que nuevas reglas, lo que se requiere es un mayor esfuerzo y coordinación para mejorar vigilancia, supervisión y sanción. Las razones que expone el presidente López Obrador y su secretaria del Trabajo no son privativas de la subcontratación de personal. Se duelen de que hay registros de trabajadores en el seguro social con salarios menores a los que realmente perciben; que hay simulación en la relación laboral sobre la identidad del verdadero patrón; que se evade el reparto de utilidades y se impide la organización colectiva de los trabajadores; que no se reconoce la verdadera antigüedad de éstos; que en el mes de diciembre, cíclicamente, cae el empleo formal para romper la continuidad laboral; que se evade el pago de impuestos y hay defraudación fiscal; que no se pagan cuotas de seguridad social ni al Infonavit y, en fin, que existe una competencia desleal al abaratar artificialmente el costo de la mano de obra. Pues les tengo noticias: todas esas prácticas, que efectivamente existen, sin generalizar, no son privativas de la subcontratación. De hecho, las encontramos en mayor medida en las relaciones directas entre patrón y trabajador. Más aún, si hay una persona que tiene mayor certidumbre de que sus derechos laborales y de seguridad social serán respetados, es la que está bajo el régimen de subcontratación. Y es que la legislación laboral dispone la obligación solidaria, por parte del beneficiario de sus servicios, a la par del patrón. De pasar en sus términos esta absurda iniciativa que, por cierto, va en contra de los artículos 5º y 25 de la Constitución, más de cuatro millones y medio de personas, que hoy trabajan en la formalidad, perderán su empleo. Con ello, aumentará la informalidad, la pobreza laboral y la precariedad en el trabajo. Yo sé que el presidente tiene una especial fascinación por los pobres, pero, por el amor de Dios, que ya deje de multiplicarlos.
Abogado